Norte de Santander es uno de los 14 departamentos del país donde según la Contraloría General de la Nación se habrían registrados casos de presunta corrupción en la entrega de las cestas con alimentos para niños que hacen parte de las diferentes modalidades de atención a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El organismo de control tiene los ojos sobre los operadores de 38 municipios de esos departamentos tras generarse 69 alertas que conoció la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), que dan cuenta de presuntas irregularidades en la distribución de las raciones a supuestos beneficiarios del programa.

El escándalo llevó a la directora del ICBF, Lina Arbeláez, a ordenar abrir una investigación a los operadores que podrían estar involucrados en estos casos en detrimento del Plan de Alimentación Escolar. 

Según la Contraloría, fueron detectados casos de acudientes o menores que aparecen en los registros de identificación como fallecidos, tutores con múltiples menores a cargo y contratos con bajos índices de cumplimiento, entre otras anomalías que generaron dichas alertas. 

Lina Arbeláez dijo en su momento que de llegar a encontrar pruebas serán interpuestas las debidas denuncias penales y administrativas, para lo cual fue desplegado un equipo técnico que trabaja en la inspección de los operadores.

Leidy Mariana Moreno Vera, presidenta en el área metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander de Sintracihobi (Sindicato Nacional de Trabajadores del Cuidado de la Primera Infancia y Adolescencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar), dijo que por fortuna en esta zona de frontera no ha ocurrido nada anormal.

Sin embargo, la autoridad competente investiga presuntas irregularidades en la modalidad denominada medio familiar en Ábrego y otras localidades del Catatumbo, “porque ni siquiera fue en las modalidades de Hogares Infantiles, Madres Comunitarias, ni Centros de Desarrollo Infantil (CDI)”.

La dirigente dijo que se trata de la Corporación Yraka, operador externo que está manejando la zona del Catatumbo, y según ellos “fue error de digitación por parte de las personas que cargan la información porque realmente la señora que aparece con esa cantidad de más de 150 mercados solo recibe tres de igual número de niños que tiene en el programa”.

“Desde la organización sindical y las más de 800 madres Fami y Transitadas afiliadas a Sintracihobi, estamos muy pendientes de lo que digan las investigaciones, porque pensábamos que en Norte de Santander esto no iba a pasar, pero al parecer ocurrió en algunos municipios y esperamos que realmente se trate de un error humano y no de un acto de corrupción que sería una situación grave”, dijo Moreno.

Agregó que por fortuna el Gobierno Nacional presenta la plataforma Betto, una herramienta para fortalecer los servicios para la primera infancia del ICBF, que servirá para darle más transparencia al tema de la contratación, pidiendo a la directiva de Bienestar y a los organismos de control que “deben estar muy atentos porque no se puede salir a decir que fue un error de digitación cuando son muchos los casos y en diferentes localidades del país, porque lo que está en juego es el alimento de los niños más necesitados”. 

Carmen Ballesteros, presidenta en Ocaña de las Madres Comunitarias, dijo que Yraka es un operador grande que tiene sus propios coordinadores en cada municipio del Catatumbo donde hacen presencia, trabajando bajo la modalidad familiar.

Explicó que las Madres Comunitarias cumplen el trabajo en el caso urbano, mientras que en esa modalidad van a las veredas, atendiendo a los niños y niñas que no están en los programas de Bienestar en la modalidad tradicional y Fami, porque ellos manejan grupos desde el embarazo hasta que los niños tienen cinco años, siendo un gran apoyo a  las familias campesinas, por lo que se requiere mucha transparencia en el manejo de esos recursos. 
 
Todo está en orden

La directora regional del ICBF en Norte de Santander, Lilian Amparo Contreras, dijo que este tema ha sido asumido de manera directa por directora nacional Lina Arbeláez, agregando que revisado con el supervisor han encontrado que todo está en orden, que los niños fueron atendidos, las raciones fueron pagadas de acuerdo a los niños que estaban registrados en el sistema que se llama Cuéntame.   

“Lo que dijo la directora nacional es que no se paga hasta que no se legalicen bien las cuentas y las mismas fueron autorizadas por el supervisor, lo que nos hace entender que todo estaba bien por fortuna para el departamento. Entendemos que está en marcha un proceso, y estamos preparados y tenemos todo listo para presentarle a la Contraloría”.

La directora regional dijo que la entidad administradora que opera los servicios es Yraka,  y lo denunciado fue en los municipios de Ábrego, La Playa, Hacarí, Teorma, San Calixto y El Carmen que fueron referenciados por la Contraloría, pero que sin embargo en todo el año no han recibido una queja por parte de la comunidad de esos municipios.

“Sé como ordenadora del gasto es que mi supervisor dice que todo está bien, hemos hecho varias reuniones y encontrado que están las planillas de pago al día, tenemos registros fotográficos, las evidencias están al día, los pagos fueron legalizados, los niños y lo más importante es que no hay una sola queja de la comunidad que es lo que nos genera tranquilidad”. 

Jairo Velandia Barajas, representante legal de la corporación Yraka, dijo que la información que respecta a la entidad obedece a un mal entendido, agregando que quienes trabajan con el Icbf han firmado un compromiso de confidencialidad de información respecto al contrato que tienen, por lo que salga de la operación que cumplen necesariamente es mediante el mismo Instituto. 

Explicó que llevan 10 años trabajando con las modalidades del ICBF en Boyacá, Santander y Norte de Santander, “con una experiencia y una trayectoria transparente reconocida por las comunidades, los municipios y Bienestar Familiar”.

“Si hubo una información que salió a los medios fue un tema de mala interpretación de algunos datos o una equivocación en esa información, pero nunca será que nosotros como entidad nos apropiemos del recurso de los niños y niñas. Nuestra información siempre está abierta y dispuesta para que sea conocida por los organismos de control cuando sea necesario”.

Dijo que la comunidad, las autoridades locales, los consejos de política social y organismos territoriales han sido vigilantes y garantes de que se está haciendo el trabajo de la mejor manera. a ha llegado a las veredas más lejanas de los municipios del Catatumbo cumpliendo las obligaciones que tiene con el Bienestar y con la infancia y la familia, según Velandia, precisando que atienden Ocaña, Ábrego, El Carmen, Teorama, San Calixto, Hacarí y La Playa.