Con un derecho de petición que aún no ha sido respondido y la posibilidad inminente de instaurar una acción de tutela, la secretaría de Hacienda está exigiendo respuestas sobre si habrá o no internación de vehículos en Norte de Santander.

Así lo reveló el titular de la dependencia, Martín Martínez, quien contó que desde marzo 3 ha intentado comunicarse con el ministerio de Transporte y la Cancillería, pero “cansado de no recibir una comunicación, insistí con un derecho de petición, pero esto está empantanado en el ministerio”.

Para el funcionario la situación debe ser resuelta con urgencia, pues se está generando un problema social grave, con más de 25 mil vehículos en los 40 municipios.

“Tenemos que, además de definir si hay internación,  verificar cuándo ingresaron esos carros, porque algunos comerciantes aprovecharon para comprar carros baratos en Venezuela para pasarlos por la trocha”, aseveró.

Según dijo, “lo más delicado es que podemos tener en el departamento carros que tengan problemas en Venezuela  y hayan sido robados”.

Por eso, insistió en que de parte de la administración departamental se están esperando instrucciones para que el ministerio de Transporte decida si emitirá el decreto reglamentario, para que se pueda actuar y dar cumplimiento a la Ley de fronteras.

Insistió en que la Gobernación no está alegando el valor de un impuesto, sino que es una obligación nacional legalizar los vehículos.

Para ello, dijo que se deberían cumplir tres puntos específicos, como son: una placa especial de integración fronteriza; una matrícula provisional, y el pago del tributo nacional.

Según explicó, “la ley dice que puede ser por cinco años prorrogables a 3 más, pero estamos preocupados porque ese planteamiento se hizo desde el año pasado, en las mesas de concertación de apertura de fronteras”.

Recordó además que, en ese momento se planteó la nacionalización pero hubo un ‘no’ rotundo.

“Vamos para un año, trajeron solo un decreto borrador, se ajustó el porcentaje de participación y nunca volvió el decreto”, afirmó. “Además, hay que entender que los responsables de que esos carros estén acá son tanto el Gobierno Nacional como el departamental, porque aquí solo se pidió un seguro obligatorio, sacábamos certificado de gases, pero nunca se dio una organización real, por ser frontera”.