Mientras en el país las organizaciones sociales dan cuenta de 128 líderes sociales asesinados durante 2017, y el Gobierno Nacional afirma que son 47, en Norte de Santander, cuyos grupos armados y situación fronteriza hacen más complejo el escenario, la persecución sistemática parece ser menor.

Si bien las amenazas no cesan, y se contabilizan 152 personas intimidadas, la intensidad de homicidios y atentados “ha bajado”, según Enrique Pertuz, coordinador de la Red departamental de defensores de derechos humanos.

Los motivos son variados, pero en general se indica que la credibilidad, tradición e interacción de las organizaciones con el Estado mejora las condiciones de supervivencia.

Para Pertuz, en 2016 se vivió un momento difícil, con 12 dirigentes asesinados en la región, entre ellos, comunales, población Lgbti, gente de la Unión Patriótica que, afirma, “fueron invisibilizados”.

Sin embargo, reconoce que en 2017 “ha habido una especie de cese; tal vez porque grupos como el Clan del Golfo, o Los Rastrojos, están dedicados al narcotráfico, o el control de las rutas de contrabando”, y manifiesta que también alivian los procesos de paz.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, coincide con Pertuz en señalar que las estructuras criminales, si bien son un riesgo, parecen no tener por estrategia “perseguir a la oposición política, o a las organizaciones, pues están ocupadas en financiar campañas, y generar control político y económico”.

A diferencia de departamentos como Cauca o Chocó, dice, las condiciones de lucha ancestral de las comunidades afro por la tierra, la minería ilegal, o la puja con los empresarios “marca diferencia”.

Aunque hay condiciones similares, como cultivos de uso ilícito, narcotráfico y grupos armados, “hay una sociedad más organizada”.

Pese a no haber coincidencias ideológicas, los procesos organizativos de Ascamcat, Cisca, Mcp, las juntas de acción comunal, e incluso de quienes no pertenecen a ninguno de ellos, han generado presencias “fuertes, con una tradición histórica muy nuestra, como departamento, de organización social, que afectó el paramilitarismo”.

“Las organizaciones que frenteamos estos temas somos fuertes, con legitimidad, relacionamiento interinstitucional”, dice, que permiten ‘blindar’ a los líderes, salvo a uno de ellos, Henry Pérez, de La Gabarra, el caso más emblemático que conjugó la forma de violencia más dramática del departamento, como es la desaparición forzada.

Los muertos de 2017

Según un informe de Indepaz, entre enero y junio de 2017, fueron asesinados cuatro defensores de derechos humanos:

Carlos Jesús Báez, ‘Karla’, asesinada el 1 de enero. Era una mujer trans de 31 años, activista de la comunidad Lgbti.

José María Lemus Téllez, muerto el 13 de junio en Tibú; presidente de la junta de acción comunal de Las Palmas.

Ezequiel Rangel, líder vinculado a Ascamcat y Marcha Patriótica, asesinado en El Carmen, el 16 de julio.

Norbey Téllez, alias Duván Ríos, excombatiente de las Farc y habitante de la zona veredal de Caño Indio. Muerto en El Tarra, el 13 de agosto.

Perspectiva de la ONU

Todd Howland, alto comisionado de derechos humanos de la ONU, ratificó lo mencionado por los defensores, en relación con la interacción entre el Estado y los líderes.

Un caso se da en la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo, “porque los líderes de esta región y la acción comunal tiene más acceso a los políticos y está generando un tipo de protección colateral con esta interacción”.

“Esta cercanía creó un pequeño cambio en la relación entre ellos (líderes) y la fuerza pública, y es importante que se reconozca que hay un puente de comunicación y confianza”, agregó. 

Otra explicación que brinda, es que “los actores no son nuevos,”.

“Cuando hablamos de Tumaco, se incluye la salida de las Farc, la entrada de varios grupos nuevos que se están posicionando y tratando de tomar el control”, afirma. “Aquí, los grupos que estaban son los mismos que siguen, y claro que hay un cambio en posicionamiento pero es distinto pues no hay un vacío grande de poder que se da en otras regiones”.