La persecución sobre los alcaldes, líderes y comunidad en general de la región de Catatumbo sigue a la orden del día, según se confirmó en la más reciente sesión del comité de justicia transicional, efectuado en la Gobernación.

Allí, se escucharon graves denuncias en relación con la posible estigmatización sobre quienes habitan en la zona y el dominio territorial que siguen ejerciendo los grupos armados al margen de la ley.

Una de las situaciones más graves, expuesta por el alcalde de El Tarra, José de Dios Toro, fue el cuestionamiento que hiciera el nuevo comandante de la base del Ejército de este municipio, por el evento público hecho en el tránsito de las Farc a la zona veredal de Tibú.

“Nos llega un documento en el que se pide unformación sobre la actividad que hizo la comunidad”, dijo el mandatario ante las autoridades civiles y militares. “Que quién participó, quién organizó y quiénes estaban de la administración municipal”.

La situación tomó al alcalde y demás integrantes de la alcaldía por sorpresa y hoy se encuentran confundidos.

“Les pido saber si como administración municipal debemos o no acompañar el proceso de paz”, cuestionó. “No es comprensible por qué ahora nos están investigando”.

En Ocaña las condiciones no son mejores, según informó el defensor del pueblo, Nelson Arévalo.

El funcionario comentó que presuntos integrantes del EPL estarían reuniendo a las comunidades de la provincia y a los venezolanos que han llegado, para decirles que deben salir del territorio.

Según la información obtenida por Arévalo, el EPL estaría argumentando la protección de la ciudadanía.

Por su parte, voceros de la Defensoría del pueblo se pronunciaron sobre el caso de la construcción de la estación de policía en el corregimiento Las Mercedes (Sardinata).

Reiteraron la solicitud para que se preste atención a las alertas que ha emitido este organismo sobre los riesgos que corre la población civil y se insistió en que no haya más “oídos sordos”.

Agregaron que se ha notado “terquedad por parte de la Policía de no escuchar a la comunidad ni a las víctimas”, y señalaron que “construir la estación no resuelve los problemas en Las Mercedes”.

Mientras uno de los delegados de la Policía dijo que “la estación va porque va”, la Defensoría pidió humildad, diálogo y cumplimiento del mandato de la Corte, que ordenó la reubicación de la estación en un lugar donde no constituyera riesgo para los civiles, pero se construiría en el casco urbano, donde fue destruida en una toma guerrillera.

Otros temas

En desarrollo del comité también se habló de las condiciones críticas por falta de mantenimiento del centro regional de atención a víctimas.

Saniel Peñaranda, director territorial de la Unidad de Víctimas, reveló que la alcaldía de Cúcuta no informó de la falta de personal que hace la limpieza en el centro, lo cual se convirtió en una “urgencia sanitaria”.

“Desde el 2 de enero había una sola persona, y desde hace una semana no hay nadie”, dijo. “Por eso trasladamos a la persona que se encarga de ello en nuestras instalaciones, pero para un solo funcionario es imposible”.

De parte de la alcaldía, solo ayer, se contestó que la persona del servicio había salido a vacaciones y que se está hablando con talento humano para hacer el reemplazo de la persona, quien se encargará de la limpieza del lugar.