Desde junio de 2013, la Corte Suprema de Justicia conminó a las autoridades a reubicar la estación de policía de Las Mercedes por constituir un peligro para la vida de la población.

A la fecha, la estación no ha salido del centro poblado, aduciendo que se cumple una función constitucional.

El argumento de los uniformados es deben salvaguardar a los pobladores, mientras que estos alegan que, si solo para comprar una libra de arroz deben desplazarse varios hombres para evitar un ataque, qué tipo de seguridad pueden brindar.

Por ello, insisten en que si la policía se queda, ellos se marchan y, de hecho, poco a poco se han desplazado.

Abandonan las casas cercanas a la estación a las cinco de la tarde, y pasan la noche lejos de los policías.

Aunque reconocen que la policía les ha escuchado, piden más diálogo y concertación.

Por su parte, el gobernador William Villamizar dijo que no debe haber lugar vetado para la policía, en especial si con los procesos de paz cesarán las hostilidades entre guerrilleros y uniformados.

La Opinión