El desarme y reintegración de las Farc; la excarcelación de miembros de las autodefensas; una frontera abierta al crimen y el delito; las redes de narcotráfico y los conflictos con líderes políticos son las situaciones de riesgo para los defensores de derechos humanos de Norte de Santander, identificadas por la Fundación Progresar.

Así lo dio a conocer su Wilfredo Cañizares, quien explicó que las situaciones fueron reseñadas tras diversas reuniones efectuadas con 70 organizaciones sociales de Sardinata, Tibú y Cúcuta, para crear un mapa de riesgo y generar medidas de prevención y autoprotección.

“En estos municipios la respuesta del Estado ha sido débil y hay elementos comunes, como la presencia de grupos armados organizados, bandas dedicadas al contrabando, cultivos de coca y una fuerte presencia policial y militar”, dijo. “Llama la atención que en territorios con tanta presencia militar, los líderes y defensores tengan tan altos niveles de riesgo”.

Cañizares aseveró que una de las mayores preocupaciones corresponde al desarme parcial de las autodefensas, grupos paramilitares y la misma guerrilla de las extintas Farc.

“Si el Estado no cumple, ¿qué va a pasar con esos muchachos?”, cuestionó. “Si no hay una reincorporación adecuada, el riesgo de seguir delinquiendo, conformar una banda, o crear un combo armado es alto”.

En desarrollo del más reciente encuentro con los líderes, que se desarrolló en Cúcuta, se denunciaron además amenazas y presiones de excombatientes de las Farc, en la ciudadela Juan Atalaya, para que se apoye al partido político de las Farc, en las elecciones de 2018.