El pasado fin de semana asesinaron a tres presidentes de junta de acción comunal; se registraron los secuestros de dos presidentes de junta; hay cuatro presidentes más amenazados en las veredas Caño Tomás, Caño Mariela y Caño Ramón (Teorama); y a la fecha, se lleva la cuenta de 12 líderes sociales asesinados en Norte de Santander. Esta realidad ensombrece el panorama en el Catatumbo que, según Enrique Pertuz, vocero de la Red departamental de defensores de derechos humanos, empeorará conforme se acentúe la confrontación entre el Eln y el Epl.

Para Pertuz, esta es una preocupación latente entre las organizaciones sociales y las comunidades que siguen llevando la carga de “una guerra fraticida”, que podría finalizar con el diálogo entre las guerrillas.

Sin embargo, las circunstancias hacen temer que si el diálogo se da, “será cuando haya muchos desplazados, y mucho dolor entre las familias”.

“Es preocupante, y  creemos que va a seguir ahondándose”, dijo. “Todo indica que la guerra no va a parar, se va a intensificar, y será mas compleja porque se avecina un gobierno cuya ruta de trabajo no incluye la paz”.

Por ello, Pertuz insistió en que el Gobierno Nacional oficialice por escrito la comisión humanitaria que se definió en el Consejo departamental de paz, para lograr acercamientos con la insurgencia, aunque señaló que esto podría no ocurrir.

“Parecería que no hay interés en que el problema del Catatumbo se resuelva”, expresó. “Uno cree que hay interés de azuzar esa guerra”.

Así mismo, lamentó que la respuesta del Frente de Guerra Nororiental, frente a los llamados de Pablo Beltrán, comandante del Eln, sea de hostilidad, como ocurrió con uno de los más recientes comunicados, en los que señala al Epl de tener vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

“Frente a lo que plantea Beltrán, y lo que se plantea acá, uno entendería que no hay comunicación entre el Frente y sus compañeros de La Habana”, dijo.

“Se rompió el tejido social, las festividades en la región, y además se están prohibiendo actividades e imponiendo horarios de tránsito muy fuertes, con restricción a la población y normas como la imposibilidad de entrar licor a la región”.

Por su parte, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) rechazó el homicidio del integrante de su organización y presidente de junta de la vereda San José (Teorama), Héctor Santiago Anteliz, y exigió a los grupos armados no involucrar al campesinado y que se respete la vida de la población civil.

Hechos como este, según Pertuz, llevan a pensar que, de continuar la situación actual, llegará un momento en que las comunidades terminen enfrentadas a las dos organizaciones insurgentes, y que con la crisis económica se exacerben las condiciones negativas que, poco a poco, se irán expandiendo al resto del territorio.