La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, por presuntas irregularidades en el control y vigilancia para evitar la deforestación y tala de árboles en las áreas de protección del departamento entre 2017 y 2020.

La medida disciplinaria también cobija a los gobernadores de Amazonas, Jesús Galindo Cedeño y de Chochó, Ariel Palacios Calderón.

Así mismo, a los directores generales de las corporaciones autónomas regionales  Corponor, Gregorio Angarita Lamk; Corpoamazonía, Luis Alexander Mejía Bustos, y Codechocó, Arnold Alexander Rincón López. 

El organismo de control anunció que está medida busca establecer si se habrían presentado faltas disciplinarias en la adopción de medidas y actividades de vigilancia, control y aquellas de carácter interinstitucional relacionadas con la deforestación y tala de árboles en los departamentos Norte de Santander, Amazonas y Chocó.

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La Procuraduría entre las pruebas solicitadas requirió constancias de las reuniones y actividades cumplidas por las entidades territoriales para evitar la deforestación y tala de árboles.

Así mismo, un informe estadístico sobre el avance porcentual de reducción de estas actividades entre los años 2017 y 2020, aclarando que los investigados podrán ser escuchados en versión libre si así lo solicitan.

Las reiteradas llamadas telefónica que les hizo ayer La Opinión al director de Corponor, Gregorio Angarita, y al gobernador, Silvano Serrano no obtuvieron una respuesta de los funcionarios. Empleados de las entidades territoriales mencionaron que cumplían actividades relacionadas con sus agendas oficiales.

Un grave problema

La Opinión publicó el 12 de enero de 2020 un completo informe sobre la deforestación en el departamento, en particular la subregión del Catatumbo, presentado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entidad que señaló a los actores armados de estar arrasando con la flora para los cultivos ilícitos y fortalecer la minería ilegal.

El Ideam advirtió que la selva del Catatumbo se convirtió en el núcleo más crítico por la tala indiscriminada de árboles, superando a Caquetá, Putumayo y Guaviare.

Las alertas, según la entidad, se concentran en 23 veredas de Tibú, Teorama y Sardinata, con cercanía a la frontera con Venezuela que la convierten en corredor estratégicos para la producción y el traslado de la coca.

Tibú es el municipio más crítico, reveló el Ideam, porque de las 128.253 hectáreas de bosque, hasta enero de este año 22.754 habían sido arrasadas por este flagelo entre 2012 y 2018, con un avance de 3.800 hectáreas deforestadas cada año, con peligro para los ríos Catatumbo y San Miguel.

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Sin embargo, esto no es un problema exclusivo del Catatumbo, porque en municipios como Durania o Bochalema, la tala indiscriminada dejó descubiertas decenas de hectáreas que servían de sombra a los cafetales.

Cúcuta, Ocaña, Chinácota, Herrán y Ragonvalia, entre otras localidades del departamento no escapan a ese flagelo, donde extensas áreas deben ser rehabilitadas y reforestadas, particularmente en la microcuenca que aportan el agua al río Pamplonita.

Según un informe del Centro de Datos del Ideam a comienzos de año, Norte de Santander ocupó el tercer lugar entre los ocho departamentos con mayores reportes de alertas tempranas por deforestación en el país.

La Alcaldía de Cúcuta lidera el proyecto “Lo juro, un voto, un árbol”, plantando el pasado fin de semana en el marco de esta iniciativa 40 árboles en el parque de Las Mellas del barrio Claret, con el objetivo de oxigenar y reforestar.