La mala defensa que en su momento hizo la Gobernación de Norte de Santander ante una demanda que le formuló el Consorcio Plan de Aguas y que ganó en un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Cúcuta, le está saliendo ‘por un ojo de la cara’ a las arcas departamentales.

El hecho tiene que ver con un contrato que suscribió en 2009 la Secretaría de Aguas del departamento con el citado consorcio para adelantar el plan de aguas de Norte de Santander por un valor de 4.557 millones de pesos.

Dicho contrato lo suscribió la Secretaría de Aguas del Departamento, pero tres años después, luego de haberse cumplido con cuatro pagos, decidió liquidarlo de manera unilateral por presuntas inconsistencias encontradas en las obras, según se desprende de los argumentos consignados en el acta de liquidación.

Ante la ruptura contractual, Jairo Meneses, representante legal del consorcio, interpuso demanda y el pleito fue dirimido a su favor en 2015, en el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio, que conminó a la Gobernación a pagar el faltante (3.897 millones de pesos), además de los intereses e indemnizaciones, para un saldo total de 7.777 millones de pesos.

El problema que se presenta ahora, y que expondría aún más las rentas departamentales, es que tras llegar a un acuerdo de pago que pactó un primer giro ya cumplido el 31 de octubre de 2017 por 3.000 millones de pesos, y otro de 4.777, el 31 de enero,  la parte demandante no aceptó el descuento que por estampillas y por reliquidación de intereses le hizo a este último la secretaría de Hacienda.

Al ser indagado sobre este rechazo, el secretario de Hacienda departamental, Martín Martínez, expuso que la reacción del demandante fue porque el cheque no salió por $4.777 millones sino por $4.552 millones, sin tener en cuenta que el departamento tiene que descontar el valor de las estampillas por norma legal y por estatuto de renta.

Además, dijo, ellos están pasando una cuenta de intereses moratorios por 370 millones de pesos y después por 550 millones, y para nosotros, en relación al acuerdo de pago, solo es de 62 millones.

Martínez precisó que debido a la negativa del demandante a recibir el pago con los descuentos de estampillas, se procedió a consignar dichos dineros en un depósito judicial del Banco Agrario, dando cumplimiento al fallo del tribunal de arbitramento, “y para parar el taxímetro de los intereses”. 

El funcionario agregó que dicho depósito se hizo a nombre del representante legal del Consorcio Plan de Aguas, en atención de que fue con él que se suscribió el contrato, “y no con las fundaciones que nos pide el abogado de la parte demandante que lo hagamos”.

A la pregunta de si esto que se presenta ahora no haría más gravoso el pago que debe hacer la Gobernación, Martínez respondió que eso se evitó cumpliendo con el depósito judicial “No vamos a permitir que se siga desangrando el departamento con intereses totalmente diferentes”, explicó.

Añadió que lo que resta en este caso es que se examine la actuación de los funcionarios que tuvieron a su cargo la defensa de la Gobernación en el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio.

Vendrá otra demanda

Para el defensor del Consorcio Plan de Aguas, Luis Carlos Hernández, el fallo del laudo de 2015 no se cumplió a cabalidad por la Gobernación de Norte de Santander, por cuanto no se giraron los cheques con las cuantías que se ordenaron.

En segundo lugar, agregó que la Gobernación giró a nombre de quien no tenía que hacerlo.

Al ser indagado a nombre de quién debía salir el pago, Hernández mencionó que no era a nombre del representante del consorcio Plan de Aguas, Jairo Meneses, sino  de dos personas naturales y una jurídica (no dio a conocer sus nombres), que fueron las que firmaron el acuerdo de pago.

En cuanto a la liquidación de los intereses, dijo que desconocen de dónde sacó la suma que pretende pagar la Gobernación. El defensor anunció que muy seguramente tendrán que interponer otra demanda.