En el marco de la restitución de tierras, el hogar volvió a ocupar la propiedad que había perdido por el conflicto armado.
Familia de Tibú recupera finca de 69 hectáreas

Un total de 69 hectáreas y 3.710 metros cuadrados regresan, a partir de este viernes, a sus legítimos dueños, luego de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta emitiera la más reciente sentencia de restitución de tierras en Norte de Santander.
El fallo corresponde a un predio ubicado en la vereda Campo Yuca Oru, del municipio de Tibú, y beneficia a un solicitante de restitución y su núcleo familiar, víctimas del conflicto armado padecido en la zona en la década del 90.
Los hechos que motivaron el abandono forzado de la tierra se remontan a mediados del año 1997, cuando la comunidad era objeto de hostigamiento y represión por parte del ELN.
Ese año, según lo narrado por el solicitante, el grupo insurgente inculpó a los hijos de la familia de ser paramilitares, e incluso fueron retenidos por tal motivo.
Esta situación, sumada al temor general por el accionar de los grupos armados ilegales, llevó a que a finales de ese mismo año la familia abandonara el sector y accediera a una venta a bajo precio de su hogar y fuente de sustento, el cual habían adquirido años atrás mediante permuta.
Tras años de penuria y de dar por perdido el bien, la familia se cobijó al amparo de la Ley 1448 de 2011, de la que hoy recibe los frutos.
En la sentencia emitida se expresa que “se encuentra acreditada la calidad de propietarios que el reclamante y su familia ostentaban para el momento de los hechos, respecto el bien objeto de la solicitud de restitución”.
Sin embargo, del análisis de los hechos con que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) construyó el caso, resultó igualmente salvaguardada la buena fe exenta de culpa de los actuales ocupantes del predio, quienes durante las etapas del proceso supieron demostrar su inocencia, en la adquisición del inmueble.
En razón a lo anterior, el fallo proferido ordena la restitución del bien por equivalencia, y mantiene la titularidad actual del predio a nombre de quienes hoy lo ocupan, entre otras disposiciones que favorecen a los reclamantes y vislumbran para ellos un mejor futuro.
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