Con un escándalo, acusaciones entre los líderes comunales y el riesgo de perder la personería jurídica de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Norte de Santander terminó este viernes una jornada en la que se explicó la urgencia de convocar a elecciones para poner fin al limbo en el que sigue la Federación, sin dignatarios reconocidos ante el ministerio del Interior.

En el encuentro, convocado por la Dirección para la democracia, la participación  ciudadana y la acción comunal, del ministerio, se dejó claro que las elecciones que se efectuaron en 2016 no tuvieron validez.

Entre los motivos se señaló la falta de quórum de la directiva, irregularidades en la designación del tribunal de garantías y el hecho de que las elecciones se hicieron amparadas en estatutos de 2004, no registrados en el ministerio.

De acuerdo con la Dirección, los únicos estatutos registrados datan de 1990 y en ellos no se contempla la designación de un tribunal de garantías para efectuar las elecciones, mientras que en los de 2004 sí se incluye esta condición pero no la reelección de dignatarios, situación que ocurrió y dejó como presidenta de la Federación a Laudelina Pérez Solano, por segunda vez.

El ministerio enfatizó en que el problema es que quienes ganaron en 2016 no aceptan que las elecciones no fueron reconocidas y deben repetirse, para lo cual se explicó que el proceso a seguir es la realización de una asamblea por derecho propio.

En dicha asamblea, deberán estar presentes, como mínimo, dos integrantes de cada asociación de junta comunal, que representan a los afiliados de la Federación, y se programaría la fecha de elecciones, no sin antes enviar al ministerio las actas y documentos que soporten la decisión comunal. 

Sin embargo, dadas las fricciones que quedaron en evidencia ayer cuando Pérez acusó a gritos al ministerio de corrupto, a algunos comunales de mentirosos, y se marchó del recinto abruptamente, la solicitud de los líderes presentes fue que el ministerio efectúe la convocatoria y no se haga por derecho propio.

Walter Cardona, miembro de la Federación nacional de juntas comunales, solicitó al ministerio que analice su competencia de inspección, vigilancia y control, y lidere la convocatoria, pues la tensa situación solo terminará en más divisiones y, tal vez, violencia dentro de la organización.

Recordó además que el ministerio ha tenido voluntad de diálogo pero es un hecho que la Federación ya debería estar sancionada, con el riesgo de que se cancele la personería jurídica, es decir, se ponga fin a la acción comunal de Norte de Santander.

Anuncian demandas

Laudelina Pérez respondió que en esta ocasión, “como en otras, son 10 personas amigas contra 300 delegados que me eligieron”, dado que en el encuentro de este viernes no hubo quórum.

“El 30 por ciento del tribunal de garantías se cumplió”, dijo. “Que el ministerio del Interior no lo reconozca, lo tenemos claro”.

Afirmó que ha ganado demandas y que “solo 8 municipios estuvieron en contra y 31 hicieron parte de la plancha de la Federación”, razón por la que “hubo una elección transparente”.

Manifestó que la reacción que tuvo se debió a que está “cansada de la persecución” y anunció que lo que sigue es un proceso jurídico contra el ministerio.

“La funcionaria del ministerio del Interior ha incurrido en una falta gravísima porque no pueden intervenir en las elecciones, porque somos autónomos, y no pueden tomar decisiones con solo 10 personas, y no hay un solo papel en contra mía”, puntualizó.