A Tibú regresó la peor época de la violencia paramilitar, de la que solo se había tenido registro hace más de 15 años.

Así lo declararon líderes sociales y representantes de organizaciones de derechos humanos de la zona para quienes “el renovado ejército” que se ha conformado hace temer que se esté gestando un nuevo ciclo de masacres en su contra.

La presentación del informe anual del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue el escenario para las denuncias.

Aunque la policía y los gobiernos nacional y departamental no encasillan a los causantes de los crímenes en uno u otro grupo, sí admiten que la violencia y la ilegalidad retomaron buena parte de la región.

Además, señalan acciones que se creía eran historia.

El general Jaime Vega, comandante de la Región de Policía número cinco, manifestó que tanto en Tibú como en Catatumbo, “volvimos a los explosivos artesanales, al plan pistola que es una modalidad de sicariato, y al francotiro”.

“Enfrentamos delincuentes que le ponen precio a nuestras cabezas en la lucha contra una simbiosis criminal que busca obtener recursos a toda costa y atacan a quienes les hacen oposición”, agregó.

Ante los homicidios en Tibú que, solo en la última semana dejan tres personas muertas, los líderes solicitaron la presencia del Estado

Elizabeth Pabón, de la Asociación Campesina del Catatumbo, declaró que “así empezaron los crímenes hace 17 años”.

Por ello, solicitó trabajo conjunto entre organizaciones civiles y fuerzas militares para frenar “el ingreso de paramilitares”.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, dijo haber documentado 22 amenazas directas a defensores de derechos humanos, de ellos, 18 hombres y cuatro mujeres.

Señaló  además que en el área metropolitana, Tibú y otras poblaciones, “cuando se anuncian las limpiezas sociales se entregan panfletos y circulan listas en whatsapp, pero la fuerza pública no actúa”.

Pablo Téllez, vocero del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), relató más de 10 hechos violentos protagonizados por militares, guerrillas y otros grupos en zonas que históricamente han sido objeto de atropellos, como Teorama y El Tarra.

“Nos preocupa que la población civil siga en medio del conflicto”, dijo. “Esta nueva forma de operar de los paramilitares, su postura ante la paz y sus antecedentes demuestran que el pueblo será el más afectado”.

Para Todd Howland, Alto comisionado de la Onu para los derechos humanos, es un hecho que “el Epl y los grupos posdemovilización están retomando el poder”.

“Por años se ha tenido el problema de los paramilitares y se puede ver que hay varias amenazas, supuestamente de estos grupos”, comentó.

Igualmente señaló que muchos homicidios registrados por la Onu se relacionan con grupos posdesmovilización, pero también con el Eln y Epl, lo cual quiere decir que no son el paramilitares los únicos actores matando gente.

Retos y riesgos

Sandra Devia, delegada del ministerio del Interior, aseveró que en Norte de Santander hay factores que, si persisten, seguirán canalizando la violencia.

El primero, el narcotráfico y la minería ilegal, “liderados por el grupo que sea, van a continuar si no se sigue la lucha frontal”.

El segundo, los cultivos de uso ilícito, cuya sustitución que amerita un desarrollo rápido, “para no solo sustituir cultivos, sino todo lo que facilita la criminalidad”.

Por su parte, el secretario de Víctimas departamental, Luis Fernando Niño, manifestó que el principal reto, especialmente con el proceso de paz en marcha, es “la falta de acercamiento, perdón y reconciliación”.

“Podrán llegar todas las iniciativas y proyectos, pero si no hay esa paz interna, tan difícil de construir, no habrá cambio”, expresó. “Los que estamos del lado de la paz, estamos en riesgo”.

*La Opinión