De 192 denuncias y derechos de petición remitidos por la ciudadanía a la Contraloría departamental en 2015, el año pasado se sumaron 234, y en lo corrido de 2017 van 121 denuncias.

Así mismo, la cuantía de fallos por responsabilidad fiscal de 2016 tuvo un incremento significativo en relación con 2015, pues pasó de 41 millones de pesos a $206 millones.

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La situación, según el titular de la Contraloría, Silvano Serrano es preocupante, en especial porque no solo se advierte este comportamiento en procesos de responsabilidad fiscal, sino que los hallazgos fiscales están en un índice alto.

“Estamos haciendo la tarea de indagar, formular los procesos, a la espera de que en el mediano plazo esos indicadores mejoren y las cifras desciendan”, dijo. “No es solo tarea de la Contraloría sino de Planeación nacional y departamental, para que recalquen en las responsabilidades que tienen”.

El funcionario advirtió que los hallazgos llevan a concluir que no solo hay desconocimiento administrativo, sino también corrupción.

“Si se revisa lo que son hallazgos, son indicadores de falencias administrativas, pero cuando pasan al proceso de responsabilidad fiscal y se encuentran responsables fiscales quiere decir que hay problemas de corrupción porque está determinado un deterimento del patrimonio público”, explicó.

También dijo que el hecho de que hoy en día los procesos de responsabilidad fiscal sumen 140 mil millones de pesos “indica de que algo está pasando y debemos reconocerlo”.

Hasta el 30 de junio de este año, el valor recaudado por los procesos fiscales sumó $77 millones, derivados de multas a las entidades objeto de control.