Más de 1.000 docentes esperaban que la educación en esta zona del departamento fuera estable.
En el Catatumbo aseguran que ‘el Gobierno no le cumplió a la región’

Para el alcalde de Convención y presidente de Asomunicipios, Hermes Alfonso García Quintero, “el Gobierno le incumplió al Catatumbo y lo que se pensó sería una apuesta a la paz, hoy no existe”. La afirmación la hizo en referencia en el proceso de nombramiento de la planta de docentes para la región.
“Desde un principio, se habló en las mesas técnicas y de la creación de un Banco de la Excelencia del Catatumbo para la oficialización de la planta docente; era una de las exigencias de las conversaciones, para que los docentes tuvieran la oportunidad de ser oficializados y acabar de una vez con la tercerización de la educación en esta región”, dijo un comunicado de García.
Sin embargo, admitió el alcalde, “las cosas no fueron así, el gobierno Nacional y el ministerio de Educación, cambiaron las reglas”.
Docentes de Convención, Teorama, Ábrego, San Calixto, Hacari, El Tarra, El Carmen, Sardinata y Tibú, en su momento junto con los alcaldes, celebraron los anuncios del gobierno Nacional y del ministerio de Educación lo de oficializar la planta docente del Catatumbo, pero hoy, con preocupación enfrentan este proceso que se empantanó por razones no explicadas con claridad.
Más de 1.000 docentes esperaban que la educación del Catatumbo fuera estable y por ende que sus condiciones laborales mejoraran. Sin embargo, muchas cosas no se tuvieron en cuenta y los maestros, que por años han dedicado su esfuerzo para enseñar a la infancia de esta apartada región, fueron alejados del proceso, cuestiona el alcalde.
“Ahora la solución vuelve al mismo círculo que por años se quiso eliminar: tercerización de la educación”, manifiesta García Quintero.
Las clases en la región deben comenzar el 6 de febrero, y la Gobernación dijo que se contratará los docentes a través del operador Paz y Futuro, una entidad que ha sido cuestionada con frecuencia.
Quienes sí fueron seleccionados por el Banco de la Excelencia le pidieron al gobernador una audiencia pública el 31 de enero, pues dicen que sienten vulnerados sus garantías al debido proceso.
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