Por segunda vez en una semana, un fallo proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras beneficia a un hombre y su núcleo familiar, víctimas del despojo forzado.

La historia se inició en 1988 cuando el abuelo de Juan*, el solicitante, recibió del Incora una parcela de 15 hectáreas ubicada en la vereda San Miguel, de El Zulia.

Sin embargo, en 1992 un familiar del reclamante ingresó al ejército y la familia fue blanco de amenazas por parte de la guerrilla, situación que generó el primero de varios desplazamientos.

Hacia el año 2000, de vuelta al predio, el hombre y su familia fueron testigos de la llegada de las autodefensas a El Zulia, y de la embestida paramilitar fue víctima también la madre del hombre.

Entonces, el abuelo traspasó el predio a nombre de Juan para obtener un crédito necesario en la siembra del terreno que estaba improductivo.

Sin embargo, la presión de las autodefensas sobre la familia continuó, y en el año 2012 la intimidación se acentuó hasta que el inicio de la siembra de cultivos de uso ilícito determinó la salida definitiva de Juan y los suyos de la parcela.

Desde entonces, y hasta hoy, habían permanecido como desplazados, e incluso buscaron fortuna en Venezuela.

Además del retorno al predio, la decisión judicial condona el pago del impuesto predial, valorización u otros impuestos que se adeuden.

También, los beneficiarios recibirán un subsidio de vivienda rural, entre otras disposiciones encaminadas a resarcir el daño que la violencia les generó.