Unos 80 integrantes de la comunidad u’wa permanece dentro de las instalaciones de la planta de gas de Gibraltar, en Toledo, decididos a recuperar su territorio, a pesar de los riesgos que implica ocupar el lugar.

“Si tenemos que morir, pues que así sea”, dijeron a algunos empleados de la empresa Ecopetrol que fueron al lugar para efectuar una inspección y verificar tanto las condiciones de la planta, pero también para intentar acercarse a los indígenas y advertirles de los peligros que corren por derrames de fluidos, o explosiones.

Según se conoció, el alcalde, Jairo Castellanos, visitó a los pobladores y les solicitó que desalojaran el sitio, pero estos reiteraron su negativa hasta que obtengan una respuesta del Gobierno Nacional en relación con sus peticiones, pendientes desde 2014.

Igualmente, se indicó que no permitirán aterrizajes de vuelos militares o civiles en el helipuerto de la planta.

Algunos de los trabajadores que dialogaron con la personería de Toledo indicaron que el miércoles, día de la toma de la planta, un grupo de indígenas ingresó por la fuerza mientras varios de ellos se bañaban.

“Se llevaron toallas, cobijas, celulares, víveres, y otras cosas personales que iban encontrando”, declaró una fuente. “Todo fue notificado a la Personería municipal para sentar el precedente”.

Sin embargo, los u’wa manifestaron que los trabajadores nunca fueron intimidados y que todos sus elementos personales se devolvieron a sus dueños, dado que para el pueblo las herramientas tecnológicas carecen de funcionalidad en una zona en la que no hay mayor posibilidad de comunicación.

Actualmente, en la planta hay mujeres embarazadas, niños y hombres que no temen por sus vidas y están dispuestos a resistir, mientras se retoma la esperada reunión con los delegados del Gobierno Nacional, aplazada en la primera semana de julio.

Hasta el momento no hay desabastecimiento de gas en los 11 municipios que se surten de la planta, dado que se está usando el servicio de Gas Guajira.

Sin embargo, esto incrementará en 30 por ciento las tarifas para 500 mil familias.

La Opinión