En Cúcuta hay 192 pilas públicas de agua, que empezaron a conformarse en 2011, pero lo que era una solución temporal se volvió eterna, de nunca acabar, para las comunidades. Son 20.300 pesos que paga cada uno de los más de 12 mil usuarios, consuma o no consuma agua. 

En promedio, cada vivienda utiliza 14 metros cúbicos de agua al mes, y por cada metro cúbico, Aguas Kpital cobra 2.129 pesos.

El concejal de Cúcuta, Oliverio Castellanos, explicó que de ese total el municipio debe aplicar subsidio o pagar el 45 por ciento. 

Esto representa un promedio anual de casi 3 mil millones de pesos que son extraídos de los 14 mil millones de pesos que gira el Gobierno Nacional al municipio por concepto de subsidios.

Castellanos denunció que el exalcalde Ramiro Suárez buscó quedarse con esos casi 3 mil millones de pesos del subsidio, para invertir en redes de acueducto en asentamientos irregulares y “quedar como el salvador de los pobres”, para mantener su poder, sin importarle que los barrios legalmente constituidos, con años esperando por el cambio de la red de acueducto, no lo han logrado.

Para el concejal, el municipio y Suárez se dieron cuenta de que operativamente era imposible para la Alcaldía asumir las riendas de esta cantidad de pilas. El problema radica en que sigue creciendo  la cantidad de usuarios, y esta es la única solución parcial a la falta de servicio de agua para los asentamientos humanos de la ciudad, y no les era conveniente asumir el negocioi.

Castellanos dijo que el municipio está incumpliendo, porque no se está aplicando el decreto 1272, del 28 de julio de 2017, que obliga al servicio permanente.

Explicó que una vez que la operadora instala una pila pública nueva, notifica a la Alcaldía de que otro asentamiento va a recibir agua por esta modalidad, pero que es deber del municipio gestionar su paso a los servicios formales, a través de la red de acueducto y alcantarillado. “Esto no se está dando”, afirmó el concejal. 

Sin embargo, ¿realmente existe una proyección para legalizar el agua en los barrios que tienen siete años utilizando pila pública? Según el concejal, Aguas Kpital tiene previsto legalizar este año a 3.500 usuarios, es decir, un 28.45 por ciento de la clientela.

El concejal precisó que legalizar el servicio de agua potable en estos barrios y asentamientos es muy costoso para el municipio. 

“Al municipio no le interesa pasar de pila pública al sistema formal, porque Ramiro Suárez necesita a la gente arrodillada”, dijo. “Por eso querían quitarle el manejo de las pilas a Aguas Kpital y que el municipio lo manejara, pero se dieron cuenta que no podían, pues el municipio no es operador”.

Los únicos que pagan las consecuencias de esto son los usuarios, porque siguen cancelando los mismos 20.300 pesos que cuesta un mes de agua en una pila pública, sin garantía de que ese dinero cubre el consumo real.

Además, la continuidad del servicio no se da las 24 horas, sino solo en el 84 por ciento, aproximadamente, situación por la que Castellanos asegura que la empresa de agua incumple en este reglón del contrato.