Un sentido homenaje, espacio en el que pudieron hablar sobre sus duras experiencias, recibieron algunos desplazados de la violencia en Norte de Santander por parte de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, fecha que se conmemora cada 9 de abril. 

Al acto, realizado en la Quinta Teresa de Cúcuta, acudieron 15 afectados por el desplazamiento forzado de esta ciudad, El Zulia, Ocaña y de Tibú, quienes recibieron una pequeña planta, para que la rieguen y cuiden y recuerden el proceso de restitución de sus predios.

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Durante la actividad fue resaltada Leidi Jhoana Pérez Suarez, 21 años, quien sufrió este flagelo cuando tenía 5 años y ahora es una profesional y líder en su comunidad.

Desplazada que trabaja por las mujeres

En 2003, Leidi Jhoana Pérez Suarez vivía en la vereda Cerro de Motenegro del corregimiento Otaré, en Ocaña, cuando sus padres debieron abandonar sus tierras por la arremetida de grupos paramilitares. Su mamá estaba embarazada y tenía otro niño, su hermano mayor.

A medida que fue creciendo comprendió que ser víctima de la guerra no era impedimento para luchar por sus sueños. Pérez se formó como técnico en Sistemas y técnico en Asistencia Administrativa, además cursa cuarto semestre de Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). 

Igualmente, trabaja con la Asociación de Mujeres Ocañeres para la Superación Integral de la Familia (Amosif). Es la representante legal de esta organización y líder de la comunidad que busca capacitar y atender a víctimas de desplazamiento o de otro tipo de violencia y a damas cabeza de hogar.

“Nosotros muchas veces nos consideramos solo campesinos y nos quedamos ahí, porque creemos que no tenemos más capacidades. Más que dar de comer al país, también podemos hace otras actividades que nos lleven a ser profesionales”, señaló Leidi Jhoana Pérez.

Afirmó que, “gracias Dios y a Restitución de Tierras”, pudieron volver a la vereda y que a su papá lo ayudaron para implementar un proyecto productivo de café. “También queremos tener ganado. Solo estamos a la espera de tener vivienda, para también habitar allí”.

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Desplazada por la violencia y después desplazada por la crisis de Venezuela

A Elena Fernández se le salieron las lágrimas cuando recordó los momentos difíciles que vivió junto a sus padres por la violencia. En 2002 debieron abandonar su casa en el barrio Nuevo Horizonte de Cúcuta, por amenazas al esposo de su madre.

“Mi mamá se fue primero y me dejó a cargo de mis dos hermanos;  a las dos semanas, cuando ella había buscado un lugar en Rubio, Venezuela, a donde llegar, salimos nosotros. Nos fuimos sin nada y nunca supimos de donde provenían las amenazas, si era la guerrilla o los paramilitares”.

Con el tiempo, Hilda Rosa Afanador, madre de Elena Fernández, pudo comprar un terreno y construir su nuevo hogar. Fernández destacó que ella llegó a esa zona del estado Táchira a trabajar como empleada doméstica, se ofrecía para cuidar adultos mayores, para vender productos y montó un puesto de pasteles, mientras su esposo se dedicó a ser conductor.

“Duramos 11 años para volver a Cúcuta. Mi mamá inició el proceso de restitución en 2013 y en 2016 le devolvieron el lote que tenía en Nuevo Horizonte. El hecho de que aún estuvieran los mismos vecinos ayudó a que el trámite fuera más rápido”.

Pero a Elena Fernández y su familia le tocó vivir un segundo desplazamiento, por así decirlo, pues con la aguda crisis económica y social en el vecino país debieron dejar sus casas y sus pertenencias, para comenzar una nueva vida en la tierra en la que nacieron.

“En Venezuela nos quedó todo. Mi hermana dejó su casa, mi mamá también, yo dejé un lote porque no alancé a construir. Nos vinimos con lo que pudimos cargar, porque nos tocó pasar por trocha y empezar desde cero”.

Desplazado y nuevamente amenazado

El suplicio para Cleofe Pérez, también oriundo de la vereda Cerro de Montenegro de Otaré, quien fue desplazado de esa zona en 2003, no ha terminado. Pues ahora es un líder social bajo el resguardo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Desde los 19 años se vinculó a la Junta de Acción Comunal (JAC) de su vereda y con la llegada de los paramilitares, a los 27 años, debió salir huyendo con su esposa e hija, pues manifestó que vio morir gente inocente y temió correr la misma suerte.

En 2013 fue reconocido como víctima, gracias al apoyo del Consejo Noruego para Refugiados, organismo que lo ayudó a él y a otras 150 personas a ser atendidos por la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras.

“Uno no sabía cómo exigir sus derechos como víctima el conflicto.  Yo apenas aprendí a escribir y a leer. Al pueblo no lo dominan por la fuerza, sino por la ignorancia, es una frase conocida. Uno carece de conocimiento y cuando uno accede a estos espacios es que se da cuenta del mundo. A uno le duele que, para muchos, el campesino es un animal de monte”.

A Cleofe Pérez, quien también es líder de la Asociación Resilente Ocañera de Productores Agropecuarios Luchadores (Aropal), le restituyeron su predio en otro lugar y hasta hace cuatro meses era dirigente vecinal, pero renunció por amenazas, presuntamente de Los Pelusos y del Clan del Golfo, debido a su labor con la URT.

“Cuando se trabaja por la comunidad se ganan aplausos, pero también enemigos. Tengo más amenazas directas ahorita que en la época pasada”.

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500 beneficiados por la URT en Norte de Santander

Edward Francisco Álvarez, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) de la Territorial Norte de Santander y Arauca, quien lideró el homenaje a las víctimas, informó que el ente “ha venido consolidando un proceso amplio con más de 3.300 hectáreas restituidas y casi 500 personas beneficiadas” en la región nortesantandereana.

Precisó que van 200 sentencias de jueces en cuanto a restitución de tierras y hay unos 4.900 reclamantes de Tibú, Sardinata, Ocaña, Cúcuta, El Zulia y de otros municipios. “Hay personas a las que las hemos compensado el predio que perdieron en su momento con un una vivienda en Cúcuta, quienes ha manifestado su agradecimiento por esa reparación”.

Álvarez señaló que la política de restitución contempla además de recuperar los predios, aprovechamiento de los mismos a través de emprendimientos, asistencia técnica y financiera, acceso a medidas complementarias como vivienda digna, educación y alivios de pasivos o deudas de impuestos del bien, para que se le pueda garantizar su sostenibilidad.