El Catatumbo se ha convertido en una de las zonas más violentas de Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), hace dos años, que llevó a la desmovilización de la guerrilla más antigua del continente, pues otros grupos luchan para ocupar el espacio que dejó el grupo insurgente.

Es la apreciación de la ONG Human Rights Watch (HRW), la cual divulgó un trabajo de campo desarrollado en ese territorio de Norte de Santander. Según el organización, desde 2015, los homicidios en Catatumbo se duplicaron. 

“Los grupos armados han cometido desapariciones, crímenes de violencia sexual y reclutado a menores para usarlos como soldados. Más de 40.000 personas han sido desplazadas. En Catatumbo hay al menos 25.000 venezolanos que huyeron de la crisis humanitaria en su país y ahora sufren gravísimos abusos”, señala.

HRW destaca que hay tres grupos armados ilegales y que el más numeroso y poderoso es el Ejército de Liberación Nacional (Eln), le sigue el Ejército Popular de Liberación (Epl), o Los Pelusos; ambos luchan entre sí y contra el Ejército colombiano; y el tercero lo conforman disidentes de las Farc, quienes no se sumaron al proceso de paz.

Asesinatos de líderes

Para la ONG, un problema clave es el homicidio de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. 

Recuerda que más de 280 defensores y líderes comunitarios han sido asesinados desde 2016, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnur) y desde 2017 son 14 casos en el Catatumbo, en nueve de ellos las investigaciones apuntan a grupos armado. 

“Se trata de una de las regiones más peligrosas de Colombia para los líderes sociales. Estos líderes son indispensables, son la voz de las comunidades, son los que les dicen a los grupos armados que la comunidad se opone a su presencia, son los que denuncian los abusos. Algunos también están organizando a las comunidades para que sustituyan los cultivos de coca. Y como es esperable, los grupos armados que se financian con la coca y la cocaína se oponen a su labor”.

Los venezolanos en el Catatumbo

Según Human Rights Watch, muchos venezolanos que huyen de la crisis humanitaria de su país  van al Catatumbo, “porque pueden ganarse la vida allí, en muchos casos trabajando para grupos armados o en economías ilegales. Y muchos se quedan allí porque para ellos es difícil, en la práctica, conseguir un permiso de trabajo”.

(Un grupo de venezolanos espera el almuerzo en un comedor de la Iglesia Católica que cuenta con apoyo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, en Tibú, el 11 de abril de 2019. El comedor alimenta a 400 venezolanos por día.)

El organismo de derechos humanos resalta que otro tema preocupante es la desesperación de los inmigrantes, pues “muchos terminan trabajando en los cultivos de coca, a menudo solo a cambio de comida. Pero (ellos) estaban tan desesperados por irse de Venezuela que estaban dispuestos a pasar por todo eso”.

“Entrevistamos a un niño venezolano de 14 años que había dejado la escuela en Venezuela porque sus padres no podían darle de comer a la familia. Trabajaba en plantaciones de coca de 5 am a 4 pm, bajo un sol agobiante. Nos dijo que a veces los venezolanos trabajaban apenas por un plato de comida y que con él trabajan niños colombianos y venezolanos, algunos de ellos de apenas ocho años. Nos contó que le encantaría regresar a la escuela, pero que no podía. Tenía que trabajar”.

“Tierra de nadie”

En la investigación de HRW se subraya también la limitada presencia del Estado en el Catatumbo. “¿Cómo es posible que este país tenga instituciones que funcionan en ese nivel y, a su vez, haya áreas como el Catatumbo que parecen ser tierra de nadie?”, se preguntan quienes hicieron el trabajo de campo.

“Me sorprendieron los controles migratorios que realizan los grupos armados. Básicamente, los grupos armados exigen que los venezolanos -o cualquier persona que no sea del lugar- presenten una ‘recomendación’ de un local si quieren estar o trabajar allí. Y si estos venezolanos cometen delitos o no trabajan, los grupos armados obligan a la persona que los recomendó a ‘responder’ por ellos. Este grado de control social es realmente llamativo y alarmante”.

La ONG afirma que para solucionar la situación de violencia que se vive en esta zona de Norte de Santander se necesitan fiscales, investigadores, asistencia humanitaria y más protección, así como mayores oportunidades de trabajo y progreso.