La carretera de La Soberanía es la única opción para que los nortesantandereanos ingresen a la región del Sarare.

Nació como alternativa para dejar de depender de las vías venezolanas y tener una alternativa de acceso al centro del país.

Pero desde 1930, cuando la trocha facilitaba el acceso a los caseríos que surgían conforme se colonizaban las tierras, su evolución ha sido irrisoria.

El último intento de hacerla viable se dio con un contrato a cargo del Ejército, por $140 mil millones de pesos y cuya estabilidad de obra es puesta en duda por parte de las autoridades locales.

Según el alcalde de Toledo, Jairo Alberto Castellanos, “las obras del contrato con el Batallón de Ingenieros se incumplieron en 80%”, pues no se construyeron tres puentes anunciados, ni los seis kilómetros de pavimento en Las Peñas, un sector entre Labateca y Pamplona.

La vía, para él, es  prueba del “olvido y el maltrato a la región”.

(En la vía Toledo-Samoré, donde está la comunidad u’wa, las autoridades gastan siete horas de camino.)

Además, con el cierre de la frontera los araucanos que solían viajar por Venezuela deben hacer sus viajes por este sector, y sienten los rigores de la carretera.

Ahora aumentan las preocupaciones pues durante la reciente visita del vicepresidente Germán Vargas Lleras, se informó que no hay más dinero para esta carretera.

“Ese contrato deberían mirarlo los entes de control y ver qué decisión se toma”, dijo el mandatario. “Lo cierto es que no nos dejaron sino la expectativa y la desilusión de poder tener una buena vía”.

El mismo gobernador, William Villamizar, declaró que el contrato ha tenido “muchas dificultades” y no hay satisfacción con los trabajos.

“Consideramos que, con inversiones tan importantes, debería haber transitabilidad”, dijo.

Con el fin de mitigar los inconvenientes, afirmó que por Contrato Plan hay  un compromiso de la Nación para invertir $200 mil millones, y se prevé que con recursos del posconflicto se tengan más rubros.

Sin embargo, las cifras son insuficientes porque las obras pueden valer, por lo menos, un billón de pesos, para construir puentes, estabilizar taludes, y hacer otros trabajos de alta complejidad.

(Actualmente hay 17 derrumbes en la vía, y cuatro frentes de trabajo que intentan habilitar el paso.)

Rafael Segundo Ramírez, secretario de Infraestructura departamental, manifestó que como mínimo se requiere que este corredor quede en las condiciones de la vía Cúcuta-Ocaña, acondicionada para resistir los efectos de las lluvias.

“Cualquier solución temporal  es insuficiente”, expresó. “Si ya tenemos los puntos críticos identificados, y hay sitios vulnerable que le están llamando la atención al Gobierno Nacional, ya no podemos desconocer que urge una salida”.

Según Ramírez, este sería un sector adecuado para invertir recursos de la venta de Isagén y, aunque no niega que Norte de Santander ha tenido apoyo, se necesita “más compasión” hacia la región.

Por su parte, el gobernador reiteró la urgencia de hacer claridad sobre la inversión de los recursos del contrato del Ejército, sobre lo cual ya informó al vicepresidente, quien reconoció inconvenientes en el proceso.

El Ejército se comprometió a entregar las respuestas técnicas sobre las inquietudes de las autoridades, pero hasta el cierre de esta edición, las explicaciones de los militares no se conocían.

La Opinión