El drama que vive la india cubea Marcela Gómez Contreras, 35 años, madre cabeza de hogar de cinco hijos, no tiene explicación. De todas las partes donde ha estado ha salido desplazada y amenazada. La última vez ocurrió la noche del miércoles, en el asentamiento Mirador Villas de Santa Marta (Villa del Rosario), donde vivía hace seis años con sus pequeños.

Cuando apenas tenía cinco años, la guerrilla desplazó a su familia de Taraira (Vaupés). Luego vivió en Acacías (Meta), en casa de una profesora que la adoptó, y de allí salió hacia San Alberto (Cesar) cuando cumplió la mayoría de edad.

Pero en este municipio, luego de haberse unido en matrimonio con su compañero sentimental, la guerrilla también la desplazó. Su próximo destino  fue Venezuela.

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Ella le dijo a La Opinión que en el vecino país la situación se puso delicada por la crisis social y económica, por lo que hace seis años retornó a Colombia y se asentó con sus seis hijos en un rancho que ella misma construyó en Mirador Villas de Santa Marta, donde otras 80 familias ya vivían.

Con lo poco que gana trabajando en el servicio doméstico sostiene a sus hijos. Sin embargo, el pasado lunes el alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruíz, ordenó el lanzamiento de las familias que se encontraban viviendo en esos terrenos de propiedad privada.

El hecho es que ninguna autoridad de las que se hizo presente el día de la diligencia se enteró que  Marcela y sus hijos hacían parte de los afectados y por eso la mujer no recibió ninguna ayuda humanitaria, lo que la obligó a dormir a la intemperie con sus pequeños entre las ruinas de la invasión donde vivía. “No tengo familia ni a dónde ir, lo único que tenía era el ranchito que había levantado con tanto esfuerzo”, dijo Marcela.

Pero como si lo anterior fuera poco, la noche del miércoles, mientras pernoctaba al aire libre en las ruinas de un rancho, varios hombres que se movilizaban en motocicletas arribaron al lugar y la amenazaron de muerte. “Me dijeron que no me querían ver más en el sitio, que me fuera porque si me volvían a ver me fusilaban”.  

La mujer aseguró que el auxilio para dos meses  que prometió la alcaldía de Villa del Rosario, para las familias que no tuvieran a dónde ir, no lo ha recibido. Tampoco hubo refugio temporal para albergar a los niños.

Al ser consultada por este caso, la comisaria de familia de ese municipio, Marta Rodríguez, dijo no tener conocimiento de la india ni de niños que no tuvieran a dónde ir. Dijo que a las familias sin techo se les entregó el auxilio de 400 mil pesos para arriendo. Sin embargo, pese a que Marcela estaba en el censo de afectados nunca recibió dicha plata.

Tanto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) como la procuradora de Familia, Miryam Rozo, emprendieron ayer las acciones para verificar las responsabilidades de las autoridades de Villa del Rosario con el abandono en que se encuentran la mujer y sus cinco hijos.