Por falta de claridad, premura en los tiempos de análisis y dudas sobre la conveniencia de la ordenanza que autorizaba al gobernador para conformar una corporación mixta que aportaría recursos para la protección de las cuencas del área metropolitana, quedó aplazado el debate de este proyecto en la Asamblea departamental.

Las dudas, según el diputado Jhon Edinson Ortega, se originaron en la ausencia de argumentos y documentos que probaran los aportes y límites de participación del sector privado, en la corporación que pretendía crearse.

De hecho, durante la discusión del documento se habló de que la corporación daría recursos para las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita, pero sin especificar cuánto aportaría cada participante, entre quienes estarían Corponor, Bavaria, la EIS, GIZ y la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Sin embargo, en el debate se conoció que la Gobernación aportaría 800 millones de pesos, pero las inconsistencias en la forma de apropiación de los recursos, por rentas propias o regalías, también frenaron la discusión.

Así mismo se criticó severamente la posibilidad de generar bonos de agua, pues no se explicó su administración.

“Nos inquieta que los bonos del agua sean un instrumento financiero que hace carrera en Colombia y el mundo, pero termina comprometiendo un patrimonio ambiental”, agregó Ortega. “No se trata de que yo invierto y me quedo con el patrimonio ambiental, o con derechos sobre el agua, sino que debe establecerse que el agua es para el disfrute de los nortesantandereanos”.

Además, entre los diputados circuló otra preocupación: una posible privatización del recurso hídrico, debido a que la intención de la ordenanza era “hacer atractiva la inversión privada” para la preservación ambiental, según comentó el diputado Rafael Cáceres, ponente de la ordenanza.

“Consideramos que los estudios que se mencionaban en la ordenanza debieron presentarse, pero no estaban”, dijo Ortega. “El modelo estatutario y los detalles de funcionamiento de la corporación, también debieron presentarse, pero no se hizo”.

Por su parte, el diputado Luis Alfonso Mejía, explicó que la secretaría de Vivienda “no pudo informar cómo se conformaría la corporación, no sabemos qué pasará con los recursos y debemos tener mucho cuidado en que no pase lo mismo que con Parques Cúcuta, donde la plata se perdió”.

Debido a la situación, se  acordó dar un plazo de dos meses, es decir, cuando se inicie el nuevo periodo de sesiones ordinarias, para que se hagan llegar los documentos y en octubre se pueda dar el trámite pertinente, con mejores explicaciones.

La Opinión