Un incremento de 45 por ciento en las hectáreas del cultivo de coca reportó ayer la secretaría de Gobierno departamental, para el último año.

Aunque la cifra no ha sido corroborada por las autoridades pues, según la dependencia, se está a la espera del informe final de antinarcóticos, los datos preliminares arrojan que el aumento llevó el área cultivada a entre 9 mil y 12 mil hectáreas.

Desde que finalizó la erradicación, en 2012, el departamento duplicó las casi 5 mil hectáreas que tenía en esa época.

La zona más afectada por la presencia de la coca es Catatumbo y su crecimiento es inocultable.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2011 Norte de Santander registró uno de los picos más altos de cultivo, desde el lapso 2007-2010, con 3.490 hectáreas.

Mientras en 2007 hubo 1.946 hectáreas; en 2008, 2.886; luego, 3.037 en 2009, y 1.889 en 2010, para 2011 la producción creció y no ha parado.

En 2012 se registraron 4.516 hectáreas para llegar a 6.345 en 2013; y 6.944 en 2014.

La secretaría también señaló que hay un exorbitante incremento en las hectáreas de marihuana cripy en Ábrego, de la cual este año se han incautado poco más de cinco toneladas.

Para el vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo, César Jerez, el incremento en las cifras corresponde a un comportamiento normal en vista de la negativa del Gobierno Nacional de acoger las propuestas de sustitución concertada con las comunidades. 

Agregó que desde hace semanas, las organizaciones campesinas han propuesto mecanismos de control social sobre la extensión de los cultivos de coca. 

Según dijo, el control social debería ser correspondido, por parte del gobierno, con la suspensión de las medidas de fuerza sobre estos cultivos.

“El control social podría convertirse en el mecanismo idóneo para generar la confianza necesaria entre Gobierno y campesinos para implementar los acuerdos de La Habana “, afirmó.

Es decir, solo de este modo se evitarían nuevas discusiones sobre la posibilidad de que regresen las erradicaciones y fumigaciones con glifosato, cuyo uso no ha sido descartado por parte del Gobierno.

De hecho, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas anunció que se estudia la posibilidad de volver a usar este herbicida, aunque con un uso manual, cuya aprobación está en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Pese al anuncio hecho por Villegas, la secretaría de Gobierno afirmó desconocer cualquier inicio de estas actividades en el departamento.

Sin embargo, se insistió en que se deben establecer modelos de sustitución voluntaria de cultivos.

Si bien el gobierno departamental no tiene recursos para cumplir con las expectativas campesinas y sociales para erradicar la actividad cocalera en la región, sí se han identificado algunos sectores de producción de coca dispuestos a cambiar de actividad.

Se conoció que en El Tarra y Sardinata podría iniciarse un proyecto piloto, con algunos productores que han manifestado la intención de sumarse a otra alternativa para subsistir.

El objetivo de la secretaría es que los modelos de sustitución provengan de las mismas familias, que resulten en procesos productivos y asociativos sostenibles.

Aumenta el consumo interno 

Otro de los aspectos señalados por la secretaría, fue la alerta por el incremento del consumo de drogas en Ocaña, Pamplona y Cúcuta.

Igualmente, la situación es crítica en zonas productoras de Catatumbo, como Tibú -que hasta 2014 tenía 2.997 hectáreas de coca-, y centros turísticos, como Chinácota.

La preocupación radica en que el departamento, además de productor se ha convertido en consumidor, situación que no había ocurrido en los últimos cuatro años.

Las estrategias de acceso a los jóvenes son diversas, según se explicó, pues además de la distribución camuflada en caramelos y otras presentaciones, los expendedores arrojan papeletas y pequeñas dosis a los patios y jardines de las instituciones educativas.

Según se ha conocido, la distribución y producción de coca ya no es un negocio rentable por cisrcunstancias como las disputas territoriales entre bandas criminales, e incluso porque hasta la sequía habría afectado las plantas. 

En el caso del Catatumbo, la comercialización -afirman fuentes de la zona- está estancada, lo cual ha facilitado que el mercado tome fuerza en el interior del departamento, especialmente en los municipios mencionados.

Niegan un reagrupamiento paramilitar en la región

Aunque organizaciones sociales han insistido en que los homicidios selectivos tienen origen en un nuevo paramilitarismo instalado en Norte de Santander, la hipótesis fue desmetida por el ministerio de Defensa.

Así lo reveló la secretaría de Gobierno departamental, que expresó que durante la reunión de seguridad efectuada la semana anterior en Ocaña, “el ministro (Luis Carlos Villegas) dijo que no hay una sola evidencia de reagrupamiento paramilitar en la región”.

“Sin embargo, no podemos negar que hay bandas criminales, encargadas de promover el microtráfico y generar homicidios selectivos”, declaró el titular de Gobierno, Yebrail Haddad.

El funcionario también señaló que, en materia de actividad subversiva hay una aparente concentración de las Farc en Catatumbo y, allí mismo, un repoblamiento aparente y no confirmado del Eln.

Enrique Pertuz, coordinador de la Red departamental de defensores de derechos humanos, criticó severamente las declaraciones del ministro.

“Esa es una prueba del desconocimiento de la situación que vive el departamento”, comentó. “Mientras tanto, también hace oídos sordos ante la petición de las Farc, en La Habana, sobre el combate frontal contra el paramilitarismo”.

Para Pertuz, el ministro “está desubicado” y sus afirmaciones solo agravan las condiciones de inseguridad para todos los ciudadanos.

“Ese tipo de manifestaciones no ayudan porque ni la policía ni el ejército van a desarrollar estrategias para erradicar el fenómeno”, dijo. “De aquí en adelante, no nos extrañe que solo se vaya a decir que la violencia es resultado de acciones aisladas de las llamadas bandas criminales”.

*La Opinión