La Sala Plena de la Corte Constitucional negó una tutela que interpuso Nelcy Delgado, quien es dueña de la Taberna Barlovento, ubicada en Chinácota, Norte de Santander, con la que pretendían se reabriera el lugar que fue sellado años atrás porque, al parecer, servía de prostíbulo.

El alto tribunal, con su determinación, expresó que la tutela no estaba enfocada en evidenciar los derechos de las mujeres quienes ejercen la prostitución. Si no se basaba en que Delgado no pidió permiso para poner un negocio público con las características de establecimiento que ofrece servicios sexuales como en su momento lo anunció la Alcaldía del lugar donde reside. 

La Sala consideró que “la Alcaldía no le violó el derecho a la libertad de empresa a la señora Nelcy, ya que ella no cumplió con los requisitos que rigen en ese sentido. Tampoco se violó el derecho al trabajo porque ella puede conseguir otro tipo de trabajo, así como también se demostró que Nelcy no dependía del negocio para tener una vida digna”.

Le puede interesar Las prostitutas que cambiaron la legislación en Colombia

La determinación de la Sala se dio luego de que la Taberna Barlovento, donde se sirven bebidas y se ofrecían servicios sexuales los fines de semana por parte de 15 mujeres, la mayoría cabeza de hogar y que funcionaba desde 1935, cerró sus puertas al público, por cuenta de una discusión local que se registró en 2016. En ese año, la Policía llegó al lugar y cerró temporalmente el establecimiento porque no tenía los documentos que requería la ley. 

Si bien, las autoridades tenían razón en solicitar ese tipo de regulaciones, Delgado se escudó en que no podían exigirle un documento que fue decretado tiempo después de que entró en funcionamiento el lugar que fue heredado por sus familiares. 

Lea además Caso de prostíbulo de Chinácota generó debate en Corte Constitucional

La determinación se mantuvo durante un año más hasta que Delgado interpuso una acción de tutela que le devolvió su negocio, pero una decisión de la Corte nuevamente dejó sin efectos tal determinación, la cual estuvo orientada en que se vulneraron los derechos de la administración territorial para regular y planificar el uso del suelo.