La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional dio un plazo de un año al extinto Incoder, reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para responder las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos motilón barí y Catalaura -La Gabarra, aún pendientes de decisión. 

La determinación del alto tribunal se profirió al conceder una acción de tutela interpuesta por las autoridades tradicionales del pueblo barí.

Según el fallo, sumado a lo anterior, se autorizó adelantar las acciones preparatorias necesarias para que se tome una decisión en torno a la solicitud de constitución de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), presentada por la Asociación Campesina del Catatumbo ante el Incoder.

A la fecha, el tema también está pendiente, y será imposible concluirlo hasta que no concluya la actuación de ampliación, saneamiento y delimitación de resguardos.

Dependiendo de sus resultados, después de agotarse el trámite de consulta previa con el pueblo barí, en caso de que este sea necesario.

Así mismo, se ordena al Incoder, a la ANT, así como al ministerio del Interior, que en caso de que en el trámite de saneamiento de los resguardos se determine la necesidad de la consulta previa respecto de la solicitud de constitución de la ZRC del Catatumbo, realicen ese trámite en máximo cuatro meses, contados a partir de la fecha en que tal necesidad hubiere se esclarezca.

Finalmente, la Corte ordena crear una Mesa consultiva entre el pueblo barí y Ascamcat, acompañada de la Onic, Anzorc, y el ministerio de Agricultura, entidad que la coordinará y presidirá.

La mesa deberá reunirse para formular medidas de desarrollo alternativo para los territorios que ocupan indígenas y campesinos, y sus conclusiones se presentarán a la ANT.