La corrupción política como causante del contrabando en Norte de Santander es una de las graves evidencias que dejó un estudio presentado en la Universidad Simón Bolívar sobre la institucionalidad en la región y su percepción desde el contrabando.

Según el estudio del grupo de investigación Altos Estudios de la Frontera, que se basó en encuestas hechas con 2.394 personas en los 40 municipios del departamento y algunas zonas de Táchira, 36.8 por ciento de los participantes asocian la corrupción política con el contrabando.

El indicador es superado levemente por el abandono de frontera, la ausencia de controles estatales y la ineficacia, con 39.9 por ciento.

Esta percepción coincide con los encuestados que consideran que el principal responsable del contrabando es el Gobierno Nacional (48 por ciento), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Dian (18.8 por ciento).

De acuerdo con el análisis, “la conducta ilegal por parte de las autoridades públicas se demuestra cuando 17.5 por ciento de los encuestados afirma haber pagado sobornos a funcionarios públicos”.

El pago de favores se ha efectuado en 48.6 por ciento en territorio colombiano, y en 27.4 por ciento, del lado venezolano.

El reporte indica que en 82.5 por ciento de los casos hay cooperación entre los funcionarios de seguridad y los contrabandistas, mientras que 81.7 por ciento habla de un aumento en el pago de sobornos “debido a la burocracia en los puestos de control”.

Fenómeno cultural

Neida Albornoz, docente investigadora de la Universidad Simón Bolívar, explicó que la práctica del contrabando no es nueva y ocurre por las marcadas diferencias económicas y jurídicas.

Sin embargo, también se transmite entre familias y generaciones; es decir, se constituye como un fenómeno cultural.

En el estudio, entre los encuestados que manifestaron practicar el contrabando (9.3 por ciento), 68 por ciento lo hizo de forma individual; 16 por ciento en cooperación familiar, y 9 por ciento de forma colectiva.

Pero, ¿cuál es la alternativa ante estas circunstancias?

La falta de empleo

Según 29 por ciento de las personas cuestionadas, el empleo les haría salir de esa actividad, mientras que 23 por ciento afirmó que la opción es la igualdad de precios.

Si bien no se hace especial énfasis en la seguridad, sí se habla de la confianza en las instituciones que es nula, tratándose de las autoridades de gobierno, pero más amplia en materia de organizaciones sociales, como iglesias y universidades.

“Los gobiernos deben apostar al desarrollo local con la formalización de la economía y la educación de los ciudadanos”, expresó Albornoz. “También se necesita fortalecer la alianza universidad-empresa-estado, para incidir en la transformación que se requiere”.

También, se señala que las soluciones se darían con incentivos a la participación ciudadana y la cultura de la legalidad, además del impulso a proyectos de vida en comunidad.

Algunos datos

*  Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario son las zonas por las que se considera que hay mayor paso de contrabando.
* 37 por ciento de los encuestados dice que la evasión de impuestos es la principal causa económica del contrabando.
* 51 por ciento de los encuestados opina que el desempleo es la mayor consecuencia económica del contrabando, seguido del aumento de la pobreza, con 14 por ciento.
* La desigualdad social y la violencia son las consecuencias socioculturales del contrabando, con 23 y 22 por ciento de percepción, respectivamente.
* 71 por ciento de los encuestados manifestó no estar interesado en política y asuntos públicos.
* 34 por ciento de los encuestados piensa que la violencia en la frontera se puede contrarrestar con las juntas de acción comunal.

La Opinión