La ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por su sigla en inglés) dijo hoy que el desescalamiento del conflicto que afecta a la región colombiana del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, "no puede esperar un día más".

Así lo expresó en un comunicado, en el que recuerda que cerca de 45.000 estudiantes y más de 2.000 docentes se vieron obligados a suspender las clases esta semana "como consecuencia de la disputa entre grupos armados".

Los pobladores del Catatumbo viven desde el domingo pasado un "paro armado" decretado por el Ejército Popular de Liberación (Epl), considerado como una banda de narcotraficantes por el Gobierno, que se disputa el control de la zona con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

En los "paros armados" se prohíbe el tráfico de cualquier tipo de automotor, se cierran todos los negocios y, en general, se suspenden todas las actividades de la región afectada.

Del Catatumbo, una de las zonas más pobres y olvidadas de Colombia, hacen parte los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, en donde operan además de guerrillas, grupos de narcotraficantes y otros delincuentes dedicados a la minería ilegal.

"Todos los grupos armados deben cumplir con las obligaciones del derecho internacional humanitario; las poblaciones en estas regiones necesitan sentirse seguras y los actores armados deben respetar la vida de los civiles. El desescalamiento del conflicto en el Catatumbo no puede esperar un día más", dijo el director de país del NRC, Christian Visnes, citado en el comunicado.

Añadió que el derecho internacional humanitario podría aplicarse a la educación si los actores armados afectan directamente a los estudiantes, profesores e infraestructura educativas.

"Los gobiernos, los actores humanitarios, los donantes y nosotros tenemos la responsabilidad compartida de garantizar que las escuelas estén seguras y promover acciones para que la educación continúe durante los conflictos armados y el desplazamiento forzado", aseguró Visnes.

La Defensoría del Pueblo de Colombia urgió ayer a los grupos guerrilleros Eln y Epl a que respeten los derechos humanos de los habitantes del Catatumbo, y detengan la "escalada de violencia".

La entidad aseguró que los constantes enfrentamientos entre los dos grupos para controlar los terrenos que la extinta guerrilla FARC dejó tras su desmovilización han llevado a la vulneración de diversos derechos de la población.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, en donde se ubican los municipios que hacen parte del Catatumbo, decretó la emergencia humanitaria para buscar los mecanismos que permitan atender de manera inmediata a todas las personas que están siendo desplazadas" por la violencia.