La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por la toma guerrillera realizada por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl) en San Calixto, Norte de Santander, el 17 de diciembre de 1997.

El alto tribunal determinó que las autoridades locales debieron haber adoptado las medidas de protección necesarias para proteger a la población, por eso fue condenado el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por los perjuicios morales y materiales que sufrió la familia del personero municipal José Estanislao Amaya Páez, quien se encontraba en el parque principal de la localidad y murió en el ataque.

En su decisión, el Consejo de Estado estableció que existen pruebas documentales suficientes para inferir que la acción armada se dirigió contra las instalaciones de la Policía Nacional, lugar que estaba ubicada a pocos metros del parque central donde se encontraba el personero.

La toma guerrillera, la cual comenzó a las 7:00 de la noche y duró cerca de cinco horas, terminó con la destrucción de la Estación de Policía, la oficina de Telecom, los campanarios de la iglesia, las instalaciones del seminario y del colegio.

En el momento de la incursión de los grupos guerrilleros, José Estanislao Amaya estaba en el parque principal colaborando con la instalación del pesebre, para dar inicio a la Navidad.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo no pudo determinar de manera fehaciente que la Fuerza Público tuviera conocimiento previo del ataque y no halló base para imputar un riesgo excepcional.

Con información de Colprensa