Con cadenas atravesadas en el puente Socuavo, en la vereda Miramontes, en zona rural de Tibú, líderes comunales de este municipio y de El Tarra anunciaron esta semana el cierre preventivo del acceso a estos corregimientos.

A través de un video que rotaron por cadenas de WhatsApp y redes sociales, los comunales prohibieron la entrada y salida de vehículos de transporte público hacia el corregimiento de Pacelli (Tibú), como medida extra para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 en las zonas aledañas.

Y es que en estos territorios, donde el Estado poco llega, el poder y la autonomía de la acción comunal tienen tanta fuerza que las comunidades acatan más las ordenes locales que las medidas impuestas por el Gobierno Nacional.

“Nadie puede salir del corregimiento y el que lo haga no podrá entrar de nuevo, mientras dura la cuarentena obligatoria”, enfatizaron  los líderes.

Comunidades imponen medidas de protección

Los comunales indicaron, además, que para garantizar el abastecimiento de los corregimientos se permitirá la entrada de un solo vehículo, previo consentimiento de la Junta de Acción Comunal (JAC).

“En los camiones que transporten los víveres solo se permitirá que vayan dos personas: el conductor y el ayudante. Ambos deben traer guantes y tapabocas, y deben tener una fumigadora con alcohol dentro del vehículo”, especificaron los comunales.

También le pidieron a Ecopetrol y su filial Cenit restringir los vuelos hacia la estación PC4, para evitar que personas que vengan de otros municipios ingrese a la zona, y violen las medidas de protección adoptadas por la comunidad.

Solo se autorizara el paso de las misiones medicas.

“No estamos haciendo esto por capricho. Queremos protegernos, nosotros mismos, porque el Gobierno nos tiene desprotegidos”, manifestó uno de los voceros.

Paso limitado

Para evitar que el COVID-19 entre por la frontera, la Asojuntas de La Gabarra restringió el  flujo de canoas por el río Catatumbo, bloqueando el acceso fluvial por Casigua el Cubo, estado Zulia, Venezuela.

Además, tras una reunión con los gremios de transportadores y comerciantes se tomaron las siguientes medidas: suspender el servicio de transporte público hacia La Gabarra hasta el 13 de abril y restringir el acceso de camiones de carga.

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“La necesidad de autoprotegernos impulsó a articular acciones. Aunque han sido difíciles estos días, la comunidad es consciente de la magnitud de la emergencia y ha acatado esta medida”, explicó Rubén Morantes, presidente de la junta comunal de la vereda La Paz.

Morantes aseguró que cuando se levante la medida, los transportadores deben desinfectar sus vehículos antes de ingresar de nuevo al corregimiento.

Puestos de control

En el corregimiento de Luis Vero (Sardinata), la comunidad instaló puestos de control en la carretera que comunica con Las Mercedes y con Pacelli (Tibú). Con un letrero avisan que la cuarentena que empezó el lunes festivo en esta zona “va hasta nueva orden”.

Mientras que en Las Mercedes se acordó paralizar el servicio de transporte público para evitar la llegada de foráneos que puedan llevar el virus al corregimiento.

Además, los líderes comunales le exigieron a las empresas mineras que explotan esa zona, cumplir con las medidas básicas de protección, como el uso de tapabocas y guantes, y el constante lavado de manos.

“Las minas que incumplan estas indicaciones no podrán seguir laborando”, indicó Justo Peñaranda, vocero de los comunales.

Además, en la plaza de mercado se deberá hacer limpieza y desinfección constante de los puestos de venta para evitar la propagación del COVID-19.

Sanciones Pedagógicas 

La Asociación de Juntas Central de Hacarí les pidió a las autoridades competentes imponer sanciones pedagógicas a quienes incumplan las medidas de aislamiento preventivo dispuestas por los gobiernos local y nacional, y sanciones pertinentes a los reincidentes, con el fin de promover la importancia del cumplimiento de estas medidas.

La organización comunal indicó además que cualquier persona que ingrese al municipio deberá cumplir aislamiento social durante 14 días, y las misiones médicas que entren a Hacarí deberán especificar su radio de acción para hacerles el respectivo seguimiento.

Los comunales pidieron a las empresas de acueducto y alcantarillado del municipio reconsiderar el cobro de estos servicios en el mes de abril.