Indignados, así están algunos comerciantes en Villa del Rosario, porque sienten que no hay igualdad para el momento en que la Alcaldía del municipio realiza los controles y las revisiones de los protocolos de bioseguridad.

Mariana Gómez, quien tiene un local comercial en la calle de Juan Báez, zona céntrica del municipio histórico, aseguró estar inconforme, porque, según cuenta, la administración municipal solo realiza inspecciones a ciertos establecimientos del sector y no a todos como debería ser.

“La Alcaldía dizque pasando por los negocios a inspeccionar y eso es pura farsa, porque en algunos locales no entran y llegan a otros lugares y los van cerrando de una, ya han cerrado hasta supermercados”, indicó Gómez.

Su malestar aumentó, porque afirmó que le están pidiendo implementos de bioseguridad, que ella considera innecesarios para la forma como desarrolla las actividades.

“Vienen y me dicen que debo tener el tapete desinfectante, que, si no me van a poner multa, pero yo tengo cerrada la entrada del local y no dejo que nadie entre, aun así, les tomo la temperatura a las personas”, manifestó la comerciante.

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Ezequiel Acuña, secretario de Gobierno de Villa del Rosario, aseguró que los lugares que visitan son porque han tenido denuncias por parte de los ciudadanos, y que en ellos exigen que se cumplan todos los lineamientos decretados por el Ministerio de Salud.

Por su parte, Vicky Zapata, comerciante de la zona, confirmó que son frecuentes los controles en locales comerciales y que a todos les exigen una ‘tarjeta’ para poder abrir su establecimiento.

“Tenemos que pagar para poder abrir”

 En la zona del centro de Villa del Rosario, la venta de comidas rápidas se permite,siempre y cuando cuente con el permiso de las secretarías de Salud y Gobierno, pero como se evidencia, las medidas sanitarias son violadas.  

Mariana Gómez y Vicky Zapata, comentaron que desde que inició el periodo de reactivación económica han tenido que ajustar varios protocolos que son supervisados constantemente.

A esto se sumó un supuesto carné que tiene un costo de cerca de 20 mil pesos, y hasta que no lo tengan no pueden funcionar los locales comerciales o, de ser el caso, serán multados y se cerrará el establecimiento por un tiempo de 3 a 4 días.

El secretario de Gobierno aclaró que lo único que tiene costo en el proceso de presentación de los protocolos de bioseguridad, es una estampilla que entrega la Secretaría de Hacienda y que tiene un costo de $21.000, pues hace parte del papeleo para los protocolos que deben ser aprobados por las secretarías de Salud y de Gobierno.

“Muchas veces hemos devuelto estos documentos porque los protocolos que entregan son sacados de internet y no se ajustan a la realidad de su establecimiento, pero eso es lo único que exigimos”, informó Acuña.

“Inseguridad sigue, pero nos molestan a nosotros”

Mariana Gómez, agregó que también le preocupa que hay vendedores ambulantes, habitantes de la calle, incluso ladrones deambulando por este sector y que la alcaldía solo está haciendo revisiones en los establecimientos.

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Ante esto, el secretario de Gobierno informó que están haciendo continuos operativos en la zona para disminuir esta problemática, sin embargo, hizo énfasis en que el represamiento de migrantes venezolanos agudizó la situación.

El alcalde Eugenio Rangel aseguró que el problema de la migración es bastante complejo y aunque han unido todos sus esfuerzos en conjunto con la gobernación del departamento para encontrar soluciones, sienten que el Gobierno Nacional tiene en el olvido a esta zona del país.