Un listado de 500 predios con avalúos irrisorios, desde 9 mil pesos por varias hectáreas de terreno, es la prueba que tiene la alcaldesa de Chinácota, Nubia Romero, para dar fe de que allí los propietarios de cabañas quedaron inexplicablemente blindados de un pago justo.

“No me cansaré de decirlo: fue una vagabundería lo que hizo el Igac”, afirmó. “No se justifica que hubiesen ido a hacer la actualización catastral y mientras las personas pobres pagan un impuesto alto, quienes tienen recursos para cabañas y fincas de recreo tienen un impuesto irrisorio”.

Romero señaló que en estas condiciones es imposible hacer obras y relató que incluso ha tenido que salirle al paso a insultos callejeros, recordando que le gustaría saber cuánto paga por su cabaña cada persona que exige. 

“No estoy diciendo que paguen de más, sino lo justo”, señaló. “Si tienen para la cabaña y para el whisky, que paguen el impuesto”.

La mandataria recordó el caso de una finca en el sector Palo Colorado, de unas 80 hectáreas que paga 170 pesos, “ni siquiera 200” y además se acoge al descuento del 25 por ciento de descuento.

Agregó que por estos casos no solo pierde el municipio, sino también Corponor y el cuerpo de bomberos, pues el detrimento genera pérdidas de casi 4 mil millones de pesos.

Así mismo, dijo que por falta de respuesta desde 2016, elevó la denuncia al Gobierno Nacional, y a la directora del DNP, Gloria Alonso, para que se investigue quién “mete mano”.