La visita del sacerdote Francisco de Roux, uno de los líderes de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, renovó en los pobladores del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta el aliento para avanzar en la consolidación de la paz territorial.

Aunque en su mayoría los delegados y representantes de las organizaciones sociales manifestó su preocupación por el aumento de la violencia en la región, también se advirtió esperanza por la incidencia que puedan ejercer la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para resolver la crisis que afronta la implementación de la paz.

“El propósito es unir fuerzas, caminos y estrategias entre Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la Comisión de la verdad, en la responsabilidad que tenemos como entidades del Estado en la protección de los líderes en todo el país”, dijo de Roux.

Agregó que el objetivo esencial es que las instituciones contribuyan en la protección del ser humano, “convencidos de que antes que cualquier cosa, que proteger a las empresas, a los aparatos estatales, primero son los seres humanos, y la grandeza de un Estado de derecho es poder mostrar que su gente está viva y protegida”.

Afirmó que si bien la Comisión de la verdad busca comprender qué causó el conflicto e intentar establecer una ruta para que no se repita, también se están abordando hechos recientes como el enfrentamiento entre insurgentes y organizaciones criminales, “siempre con la idea de que el país hay que construirlo entre todos o se acaba, no habrá futuro para nadie”.

Por ello, se insistirá en el el Catatumbo se convierta en “ejemplo de paz para el país”.

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Los reclamos

Entre las solicitudes que los líderes presentaron se destacó la exigencia de que “se contrarreste la oleada de amenazas y crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Norte de Santander”, relató Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.

“En los últimos 12 meses llevamos 29 líderes sociales asesinados, tres de los cuales han ocurrido este año”, dijo. “50 líderes recibieron algún tipo de agresión el año pasado, sin que haya una respuesta por parte de las autoridades”.

Por ello, propuso que se convoque al Gobierno Nacional, al alto mando militar, y a la Fuscalía para generar un espacio de diálogo amplio “y poner en conocimiento del Estado la gravísima situación de violencia que estamos viviendo”, así como de las denuncias que no tienen resultados. 

Por su parte, Yermín Sanguino, vocero de la Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo, resaltó el encuentro “para escuchar las voces de las comunidades que viven tiempos de dificultades”, por cuenta de los enfrentamientos que dejan desplazamientos masivos en Teorama y El Tarra, no solo por la insurgencia sino por conflictos incluso con la fuerza pública por uso del agua e imposibilidad de desarrollo de actividades campesinas.

Así mismo, reiteró la escasa implementación de la y la falta de voluntad política, que solo derivará en movilizaciones para exigir cumplimiento.