El vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, completó más de una semana de estar en el puerto nariñense de Tumaco, en donde ha liderado la atención que dio el Gobierno Nacional a la crisis generada por la muerte de 7 personas en confusos hechos, en los que se comprometió, al parecer, a la Policía Nacional.

El funcionario advirtió que la región del Catatumbo, en Norte de Santander, es otro eventual ‘polvorín’ para que se dé una situación similar a la que pasó en Tumaco, pero confía en que el plan integral de la presencia del Estado evite una confrontación.“Definitivamente el otro polo neurálgico, de convergencia de muchas amenazas, es el Catatumbo, por eso allá hay un plan especial que el Gobierno está desarrollando en la oficina del Consejero para el Posconflicto”. “No quiero ser fatalista ni hacer pronósticos pesimistas, creo que en la medida en que estamos avanzando y en la medida en que nos acercamos a esta realidad tenemos obligación desde el Gobierno de articularnos y generar capacidades que en el pasado estaban para ganar la guerra y ahora debemos tener capacidades para construir la paz”.

Realidad en Tumaco 

Naranjo explica que en Tumaco hay tres elemento para tomar en cuenta, en primer lugar  tensión ejercida por el crimen organizado sobre las comunidades y que no se reconoce por temor. 

Habla de la tensión derivada de la velocidad con que avanza la erradicación forzosa versus la sustitución voluntaria y suma una tercera  tensión derivada al interior del Consejo Comunitario del Alto Mira donde se ha identificado, de tiempo atrás, que cerca de 5.000 familias que están allí requieren solución. “Tenemos una oportunidad por primera vez en 35 años de cultivos ilícitos de ver como ya 123.000 familias que han firmado acuerdos colectivos con la dirección de sustitución de cultivos de la Alta Consejería para el Posconflicto expresan su voluntad para salirse de ese cultivo y pasar a cultivos legales”.

Detalla que esa decisión de los campesinos choca  con múltiples sectores que quieren persistir en el cultivo.  “Estamos obligados desde el gobierno a dar las soluciones de esto para que funcione con mayor velocidad”.

Resalta que aunque ha habido una convergencia criminal de intereses de narcotraficantes colombianos y del crimen internacional, pero igual se han dado resultados en materia de represión del delito. “Este año la Fuerza Pública se ha incautado de 83 toneladas de clorhidrato de cocaína en esta zona. Al mismo tiempo se han erradicado cerca de 10 mil hectáreas. Todo esto es insuficiente por eso seguimos trabajando”.