Una nueva advertencia sobre riesgos y vulneraciones a los derechos humanos en la región del Catatumbo hizo la Defensoría del Pueblo a partir de una visita a terreno, motivada por las dinámicas del conflicto armado que allí se presentan.

Según el informe, no obstante el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc para el fin del conflicto, se comprobó la fuerte influencia de actores como el Eln y el Epl en la zona.

Esta circunstancia “impide la consolidación de la paz en el territorio y abre la posibilidad a que los espacios liberados por la guerrilla más grande del país sean ocupados por otras organizaciones”, afirma la entidad.

En este sentido, la comisión de verificación encabezada por el Defensor, Alfonso Cajiao, pudo confirmar cómo por ejemplo los 25 policías que prestan su servicio en San Calixto permanecen confinados ante el riesgo que implica salir de las instalaciones.

Según se afirma, “pueden ser blanco de un ataque, como sucedió hace una semana con el teniente que estaba al frente de la unidad y un patrullero que lo acompañaba”.

Ambos, según testimonios recogidos por la comisión humanitaria, salieron del búnker en el que los uniformados permanecen refugiados para comprar algunos insumos en un establecimiento ubicado a no más de 100 metros de la unidad, cuando fueron sorprendidos por disparos de francotirador.

“El relevo de los policías se da cada 60 ó 70 días por vía helicoportada, dado que transitar por las carreteras sin pavimentar de esa región significa exponerse a una eventual emboscada, bien del Eln o del Epl”, señala la Defensoría.

Así mismo, enfatiza en la influencia y señales que dejan ambas estructuras en el territorio, como una bandera del Ejército de Liberación Nacional que ondea en lo más alto del casco urbano, o la publicidad del grupo guerrillero que es visible en la entrada de Urgencias del Centro de Salud.

El más reciente grafiti del Epl en las calles de San Calixto (de hace menos de 2 meses), advierte “para nuestros amigos abrazos y para nuestros enemigos balazos”.

Las marcas, en cada casa de la población, tienen mensajes alusivos a la guerrilla, que se mezclan con factores como el desplazamiento intraurbano por amenazas, la insuficiencia de personal médico para atender las necesidades de los habitantes, los obstáculos para acceder a  una educación de calidad en las áreas rurales y la dependencia de la economía cocalera, según denunciaron algunos campesinos, “como resultado de la ausencia del Estado en el Catatumbo”.

El recorrido del Defensor del Pueblo y su equipo se extendió al municipio de Teorama, donde todavía hay vestigios de hostigamientos recientes, con impactos por disparos de arma de fuego en una de las escuelas.

De allí al corregimiento de San Pablo, es usual encontrar importantes extensiones con plantaciones de hoja de coca, peajes comunitarios y varios depósitos de combustible.

Luego de reunirse con líderes y voceros de la comunidad, la Iglesia Católica (que juega un papel importante en favor de los derechos humanos en esa zona del país) y con las autoridades locales y regionales, Cajiao, concluyó que “hay una notable ausencia de Estado”.

“Para que la paz sea completa en el Catatumbo se requiere la voluntad y el compromiso de organizaciones como el Eln en aras de buscar una salida negociada a la confrontación”, aseveró, a la vez que se comprometió a escalar las inquietudes e inconformidades de la comunidad a los niveles más altos del Gobierno Nacional.

La Opinión