“Pareciera que ni el Ejército ni la Policía quieren cumplir su deber constitucional de salvaguardar los bienes, la vida, de los ciudadanos y es como si esperaran que se dé el aniquilamiento entre los grupos armados”, dice Jorge Solano, líder de víctimas de Ocaña.

“Se suponía que el posconflicto venía con el mejoramiento del nivel de vida, y ahora el Epl se engrandeció y disputa territorios con el Eln”.

Según el vocero, es inexplicable cómo en presencia de 10 mil uniformados, y con batallones desde Tibú hasta Convención, “se presentan amenazas tan fuertes, y hay tanto terror”.

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Además, el abandono del Estado, el descuido de las zonas rurales, y la falta de planes de contingencia para mitigar la crisis en el Catatumbo no dan alivio.

Aunque el Ejército y la Policía han reportado condiciones de normalidad y garantías de tránsito, sumadas a actividades de registro y control, este lunes en la madrugada fue quemada una buseta que cubría la ruta Tibú-Cúcuta, por no acatar la orden de paro armado impuesta desde el domingo por el Epl.

Las vías están desoladas, al igual que las cabeceras municipales y ni los funcionarios públicos abrieron sus oficinas. 

Urgencia social 

Diógenes Quintero, personero de Hacarí, declaró que en el refugio de Mesitas, corregimiento de Hacarí, la comida ya se acabó, y aunque se recibió ayuda de cooperación internacional, el municipio superó su capacidad de respuesta.

“A la Gobernación se le solicitó ayuda desde el 26 de marzo, pero no ha llegado y tenemos esa dificultad”, dijo, y recordó que actualmente hay unas 400 personas en Mesitas, mientras que en el corregimiento Villanueva (San Calixto) habría otras 250.

Además, se dio cuenta de “muchos artefactos explosivos en esa zona norte”, situación que alarma a los refugiados.

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Desde la mesa de trabajo de la asamblea permanente de El Tarra se informó que sumado a lo anterior, 10 presidentes de junta de la zona urbana renunciaron, y que persisten las amenazas a la población.

Pese a ello, la comunidad acordó que dada la necesidad de subsistencia, el comercio se abriría medio día, “cada día de por medio”, desde hoy, hasta que se tomen otras decisiones comunitarias.

“Llamamos la atención urgente al Gobierno Nacional a mirar el Catatumbo con ojos de inversión social, real e inmediata”, y señalaron que la falta de garantía de derechos fundamentales mantiene la existencia de los grupos guerrilleros, a los que solicitaron respetar las decisiones ciudadanas.

Por su parte, la asociación Ñatubaiyibarí, que agrupa parte del pueblo barí, recordó a la insurgencia que el territorio ancestral se rige por mandato propio, según el cual permanecerán en su territorio y deciden que ningún actor armado debe estar allí.

Agregaron en un comunicado que este enfrentamiento perjudicó el desarrollo de una asamblea extraordinaria “por la no presencia institucional del Estado”, e hicieron un llamado a los actores armados a respetar la autonomía barí. 

El obispo de la diócesis de Ocaña, Gabriel Ángel Villa Vahos, lamentó lo que ocurre y dijo que “lo triste del caso es que siempre llevan la peor parte los campesinos”, a la vez que reiteró que la iglesia católica está dispuesta a mediar, pero requiere la buena voluntad de quienes están en estas acciones. 

Este martes, Luis Fernando Niños, secretario departamental de Víctimas, se reunirá con el embajador de Suecia y un gestor de paz del Eln, con el fin de que el mensaje urgente de la región llegue a oídos de la mesa de Quito.

Lo que pide el gobernador

William Villamizar, gobernador del departamento, pidió al Gobierno Nacional autorizar una salida dialogada que propicie un encuentro entre delegados del Eln y el Epl en la mesa de negociación en Quito, para excluir a la población civil del conflicto. “Estariamos dispuestos a asistir en representación de la comunidad del Catatumbo”, dijo.

Así mismo, requirió apoyo para atender a casi mil desplazados que están en refugios humanitarios, y mediación de las iglesias, organizaciones de derechos humanos, Cruz Roja Internacional, entre otros.

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También, solicitó al Ejército, la Policía y el ministerio de Defensa extremar medidas para proteger a la población civil en zonas urbanas y rurales, con medidas contundentes, a la vez que envió un mensaje a la población para que coopere denunciando a quienes hoy son sus victimarios.

Salud y educación

En la ESE de Tibú hay dificultad en el traslado de pacientes desde El Tarra, Orú, Filo El Gringo, y Pacelli, pues se advirtió que solo pueden transitar pacientes con urgencia vital.

Las ambulancias no se movilizan para vacunación, y fue suspendida la obra de construcción del hospital de Tibú, que va en un 92 por ciento. 

Además, no se pueden cumplir las indicaciones del ministerio de Salud de garantizar vacunación para población colombiana y venezolana, y tampoco se ha logrado llegar a los refugios humanitarios.

En materia de educación, hay 8.500 estudiantes afectados; 150 docentes imposibilitados para trasladarse a las escuelas, y se esperan los reportes de los directivos de la zona para definir si se adelantan las vacaciones o se suspende el cronograma escolar.