Un documento enviado al “presidente casetero” de Saphadana (Convención), que data del 3 de febrero de 2010 revela que desde ese entonces, los campesinos asentados en esa zona estaban enterados de la exigencia del pueblo barí y del plazo perentorio que definía que los colonos debían salir de su territorio en un término de 8 años.

El documento, elaborado luego de una asamblea general del pueblo barí, en la comunidad Ichirrindacayra, entre el 18 y el 28 de febrero de ese año, expresa que en dicho evento “se realizó un análisis fuerte sobre el espacio y estadía de las casetas, teniendo en cuenta que donde están ubicados es un terreno de propiedad privada colectiva del pueblo motilón barí, adjudicado mediante resolución N° 102 de 1989”.

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Agrega que “en los últimos años este tema ha generado fuertes críticas y problemas irreparables en ese espacio, donde los sábados y domingos llegan personas solamente a lucrarse”.

“En esta asamblea se determinó que tienen un plazo de 8 años, a partir de este año, para que empiecen a desocupar poco a poco dicho lugar”, señala la carta. “Al haber cumplido ese periodo no debe haber casetas ni casas paradas en ese lugar, y en el caso de las casas materiales se deben llevar todo y no dejar nada”. 

Sin embargo, para los campesinos y líderes de Ascamcat “nunca hubo un acuerdo del pueblo barí con los campesinos para desalojar Saphadana”, sino un “mandato que da un plazo para desplazar al campesinado de este corregimiento, reconocido por el Estado colombiano, en el Río de Oro, Catatumbo”, según expresaron en la cuenta de twitter de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc).

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Entre tanto, Higinio Obispo González, Consejero secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), manifestó la voluntad de esta organización de mediar en el conflicto territorial y velar porque se cumpla con la sentencia T-052 de 2017 que debe facilitar el saneamiento del resguardo del pueblo ancestral.

Enfatizó en que “no se quiere desalojar a la gente” sino que se buscarán mecanismos para que el Gobierno Nacional cumpla con la sentencia, junto con Ascamcat y Anzorc, con el fin de que les den el territorio que necesitan, y señaló que se alista una comisión que visitará la zona, en próximos días.