El director del Instituto Departamental del Salud (IDS), Juan Alberto Bitar, rechazó la serie de panfletos intimidantes y correos electrónicos anónimos que fueron recibidos en los correos institucionales y en las IPS.

En dichos correos y panfletos se relacionan presuntamente hechos de corrupción y tráfico de influencias en las acciones de vigilancia y control que está haciendo el IDS a las instituciones prestadoras de servicios de salud y prestadoras independientes. 

Bitar solicitó al contralor departamental, Rafael Sanín, presidente de la comisión de moralización, una mesa de trabajo con los entes de control, en la que se evalúe la situación que está generando estos planfletos.

Además, anunció una auditoría interna para esclarecer los hechos, atendiendo a la solicitud presentada por la coordinada del subgrupo de vigilancia y control que mencionan los pasquines, Gloria Inés Montaño.

Sostuvo que el hecho fue denunciado penalmente ante la Fiscalía por injuria y calumnia, solicitando que sean tenidos en cuenta los testimonios de los veedores de salud del departamento.

Aunque en la denuncia, los autores omiten sus identidades porque dicen sentir miedo a represalias por decir la verdad.

La denuncia indica que Montaño tiene un grupo de verificadores contratados que son amistades, pertenecientes a su grupo social.

El director del Ids enfatizó que esta información es “malintencionada y afecta el buen nombre de la entidad y de los funcionarios desdibujando la gestión adelantada como autoridad sanitaria”.

Bitar detalló que durante los últimos tres años el subgrupo vigilancia y control incluyen la inscripción de 2.060 novedades de los prestadores de servicios de salud.

Indicó que se hicieron 787 visitas de verificación realizadas a los prestadores de servicios de salud, y a través de ellas se generaron 245 investigaciones administrativas, que conllevaron a sanciones y a la imposición de medidas de seguridad contra los prestadores, que incumplieron el componente de habilitación.

Explicó que tramitaron 1.689 quejas, ocho que pasaron a investigación administrativa sancionatoria.