En tres años, la histórica Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que surgió como una política para tratar de resarcir el daño que sufrieron millones de colombianos por cuenta del conflicto armado, expira y aún son muchos los casos que esperan una respuesta por parte del Estado.

En regiones como Norte de Santander, duramente golpeadas por la crudeza de la guerra, el accionar de los grupos armados no cesa y eso ha hecho mucho más difícil que las miles de solicitudes que se han elevado para recuperar las tierras que un día les arrebataron a muchas familias, lleguen a feliz término.

Edward Álvarez, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en esta zona del país, reconoció que hay lugares del Catatumbo en los que las dinámicas del conflicto son muy complejas y esto ha dificultado el trabajo de intervención. No obstante, destacó que en el marco del plan Catatumbo Sostenible, se reactivaron procesos en lugares emblemáticos como La Gabarra.

Sobre el panorama actual de la restitución en Norte de Santander, las cifras del proceso y sus dificultades habló el funcionario con La Opinión.

¿En qué situación está hoy el proceso de restitución de tierras en Norte de Santander, a tres años de terminar la vigencia de la Ley de Víctimas?

El panorama es amplio y para analizarlo se tendrían que analizar diferentes variables. La primera gran variable es que los procesos de transición no son normalmente rápidos, se toman tiempo y tienen muchas complejidades en la marcha. En este caso, para Norte de Santander uno podría ver cómo frente a ciertos temas hay un avance ya directo, concreto y sólido. Hay otros temas que están en trámite y hay zonas que todavía están esperando la intervención.

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¿Dónde se han concentrado los resultados más importantes o notorios?

Se pueden ver en El Zulia, Cúcuta, Ocaña, en veredas como Otaré, donde ya hay sentencias, se ha titulado y muchas personas han accedido a viviendas rurales, a través del Ministerio de Agricultura. En estas zonas, sus propietarios también han explotado el predio con proyectos productivos, además de otras medidas integrales. También hay algunos casos de predios restituidos en Tibú.

En cifras, ¿cuál es el resultado en estos más de siete años de trabajo?

Tenemos un grupo de 178 sentencias proferidas por los jueces de restitución de tierras y en esas sentencias se han restituido 3.317 hectáreas, que es una cifra bastante significativa, beneficiando a 534 personas y 133 familias. Pero, además, en proyectos productivos se han reconocido cerca de $1.000 millones, para la recuperación de la capacidad explotadora productiva de los predios y eso también es una línea directa de la recuperación de la economía rural del departamento.

En contraste con las miles de víctimas que ha dejado la violencia en Norte de Santander, esta cifra podría considerarse muy baja, teniendo en cuenta el tiempo que lleva la ley en marcha, ¿por qué no han podido avanzar más?

La restitución de tierras tiene dos etapas: la administrativa y la judicial. Las dos se cuentan diferente y responden a unos filtros distintos. En el caso de las etapas administrativas, nosotros tenemos habilitados, ya microfocalizados (selección de casos para ser atendidos prioritariamente), 56 % del total de reclamaciones por parte de las víctimas. Hemos recibido 4.807 solicitudes y se han habilitado 2.676. Es una cifra importante, pero claro que a la vuelta de tres años, cuando llegue 2021 y se acabe en ese momento la vigencia de la ley, ahí se evidencia que se ha hecho, pero que hace falta intervenir en lo que corresponde a la etapa administrativa. Ahora bien, de ese 56 %, la Unidad de Restitución ha decidido el 72 % de los casos, esto es, ha tomado la decisión administrativamente hablando sobre 1.923 reclamaciones. Entonces, si uno mira en términos de lo habilitado, contra lo decidido, la Unidad tiene un avance del 72 %, que es un muy buen avance de cara a lo que queda del proceso.

¿El freno está entonces en los juzgados?

En el caso de los jueces, a ellos se les han llevado 617 casos, de los cuales han decidido 178. Lo que uno tiene que medir aquí es lo que los jueces han recibido contra lo que han decidido. En cambio, la Unidad se mide sobre el total recibido y sobre el total que decide y que en este caso corresponde al 72 % de las solicitudes.

Con relación al trabajo que la Unidad hace en todo el proceso, desde que recibe la solicitud, ¿cuáles son los principales problemas que han encontrado para avanzar?

En términos de intervención, lo que uno puede ver es que las zonas donde se ubican los predios son complejas, porque no son planas y más bien alejadas, en las que es necesario hacer todo un dispositivo logístico para visitar los predios. En segundo lugar, esto va acompañado de inconvenientes para la realización de las visitas por parte de los dueños del predio, por muchas razones. Adicionalmente, lograr el suficiente flujo de información y cotejar los datos, es una de las exigencias más rigurosas del proceso administrativo. 

El conflicto que persiste en zonas como el Catatumbo, ¿en qué grado ha afectado el proceso de restitución?

El Catatumbo tiene zonas muy profundas y áreas periféricas como Ocaña, en donde la Unidad ya logró el 100 % de la habilitación para la intervención de todas las reclamaciones, gradualmente. En la zona sur de Sardinata, aproximadamente, unos 100 casos se han logrado habilitar y en Tibú, que es un municipio con zonas muy consolidadas, tenemos unas intervenciones sectorizadas. Pero, cuando uno mira mucho más adentro del Catatumbo, hay unas dinámicas más complejas y, por supuesto, los niveles de seguridad no son tan fáciles.

En El Tarra, Hacarí, Teorama y parte de Tibú donde el conflicto está mucho más activo, ¿qué tan complejo ha sido el trabajo?

Nosotros lo que hacemos es verificar continuamente con la fuerza pública las condiciones de seguridad de las zonas. Un poco las variables que se han identificado allí persisten y no han permitido una intervención con los estándares de seguridad, sobre todo, porque los procesos de restitución ameritan que haya seguridad tanto para los funcionarios, como para los reclamantes que tienen que ir a identificar sus tierras y los funcionarios judiciales. Pero también se necesita de la seguridad para que las personas puedan retornar a sus predios más adelante. 

Entonces, la intervención no es solo ir a un predio, sino que al finalizar tengamos una persona que haya retornado y que se mantenga hasta el final en esa zona. Esos niveles de exigencia son los que han hecho que en este momento debamos evitar poner en riesgo la vida de los funcionarios y los reclamantes.

En este momento, ¿hay intervenciones en Tibú o están suspendidas?

En Tibú, la Unidad empezó a hacer un proceso de intervención en 2012-2013 y a pesar de que algunos casos lograron ser decididos y se llevaron ante los jueces de restitución,  y de que ya tenemos sentencias y compensaciones, por condiciones de seguridad y orden público se había tenido que suspender el resto de las reclamaciones. En el marco del plan Catatumbo Sostenible, se logró coordinar conjuntamente con la fuerza pública y otras entidades, la necesidad de decantar allí los procesos de restitución. Se hizo una evaluación vereda por vereda, para saber cuáles tenían condiciones favorables y en ellas se reactivaron los procesos; otras zonas nuevas se microfocalizaron, como Serpentino y el casco urbano de La Gabarra.

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La Gabarra es quizás uno de los lugares más emblemáticos del conflicto en Norte de Santander, ¿qué representa para la Unidad poder empezar el proceso allí?

Intervenir el casco urbano de La Gabarra es un gran avance. Es por esa razón que las sentencias que ya se han proferido en Tibú van a dar el mensaje a la comunidad de que la restitución tiene unas potencialidades bien interesantes e integrales, de cara a los nuevos procesos que se vienen.

¿Qué tanto beneficio han tenido los segundos ocupantes?

Hoy en día el proceso es más robusto, más integral y reconoce las particularidades que tuvieron las personas que están en los predios, para protegerlos. Por eso, cuando no les dejan los predios, se ha ordenado que puedan acceder a otro o a soluciones de vivienda. 

¿Cree que los tres años que quedan son suficientes para abordar las solicitudes que están pendientes por tramitar?

Más que la variable del tiempo, es la variable de seguridad a la que nos enfrentamos. Uno podría sacar los casos rápidamente con un equipo robusto, en un año o un año y medio, si tenemos las condiciones de seguridad suficientes.