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Domingo, 24 Julio 2016 - 5:30am

Así es Angalia, la vereda de Tibú en donde se concentrarían las Farc

La Opinión visitó esta zona del Catatumbo que será escenario principal de los acuerdos de paz.

Cristian Herrera
Las calles polvorientas y las humildes fachadas de las viviendas, son signo de la pobreza que se vive en esta zona.
/ Foto: Cristian Herrera
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Luego de recorrer 164 kilómetros desde Cúcuta se llega a la vereda Angalia, una pequeña población de Tibú ubicada en el corazón del Catatumbo que se apresta a salir del anonimato, pues figura como el punto que el Gobierno y las Farc tienen para que en Norte de Santander se concentren aquellos guerrilleros que quieren dejar sus armas.

Hasta hace dos meses los únicos que hablaban sobre ese caserío eran sus habitantes y las personas que viven en las localidades cercanas; ni los gobiernos local y nacional tenían algún interés sobre él. Lo único que el Gobierno sabía de este sitio es que alrededor de él están las Farc, el Epl (Los Pelusos) y el Eln.

Y es que para llegar hasta allá se debe entrar por la vereda Versalles y tomar una angosta carretera donde la tierra y las piedras predominan; luego de 17 kilómetros se vislumbra este humilde lugar que está encerrado por enormes montañas que hacen parte de la cordillera oriental y que es bordeado por el río Catatumbo. Tan apartado está este lugar, que un mototaxista cobra hasta 30 mil pesos por llegar a él.

Lo más irónico de este sitio, donde viven 120 familias, es que tres o cuatro kilómetros antes de encontrarse de frente con él, se pueden ver hectáreas sembradas con coca y algunas fincas enormes, que para quien no conozca, pensará que es una zona de grandes y ostentosos coqueros. Nada más lejos de la realidad.

Los cultivos de uso ilícito son, según habitantes del lugar, la única opción que hoy tiene el campesino del Catatumbo para sostenerse económicamente, sin nada de lujos. “Con lo que ganamos vendiendo eso, pagamos nuestros gastos y nos queda para seguir sembrando otros productos con los que comemos”, sostuvo un labriego.  

Pasando esos cultivos de uso ilícito y otras zonas baldías, se llega al Centro Educativo Rural Puente Barco, que está en la entrada de Angalia.

A partir de ahí, se alinean las cerca de 60 viviendas, unas de madera y otras de ladrillo, bloque, cemento y arena. Con solo mirar las fachadas de las residencias o del colegio se puede percibir la pobreza y el abandono del lugar.

Hasta la cancha de futbol que está en la mitad del caserío deja ver la difícil situación económica, pues en los arcos cuelgan unas desgarradas mallas que en vez de atrapar el balón con el que juegan niños y adultos, lo deja pasar libremente.

Tan olvidado y abandonado ha estado este poblado, que solo hasta el 17 de diciembre de 2015, adultos y niños cambiaron las lámparas de kerosene y acpm y las plantas eléctricas por la energía que produce Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens).

“Ese fue el primer avance que vimos en nuestra vereda. Después de 30 años de estar pidiéndola, contamos con electricidad. Ahora falta que nos ayuden con un acueducto y alcantarillado, porque no tenemos nada de eso”, comentó un campesino de la zona.

Caminando por las dos únicas calles del pueblo se pueden ver las dos tiendas, los tres billares, los dos talleres de motos, las dos peluquerías, la única panadería y los dos sitios donde se pueden hacer llamadas o usar internet. En cada uno de estos puntos es donde se reúnen algunas personas a hablar tranquilamente de diversos temas, sin importar el intenso calor que esté haciendo.

“Acá no hay problemas de nada. Este pueblo es muy tranquilo y nadie se mete con nadie. Sabemos que hay guerrilla pero nunca se han metido con nosotros, no podemos decir que entran armados y uniformados, pues no se ven, solo se escuchan rumores”, contestó un habitante de la vereda al preguntársele cómo se puede vivir tan tranquilo en una zona donde confluyen tres grupos armados.

Zona de concentración

En medio de la charla informal se escucha el descontento de muchos habitantes porque Angalia pueda llegar a ser una de las zonas de concentración de las Farc.

“Eso sería el colmo, que el Gobierno esté pensando en traer toda esa gente para acá, cuando no tenemos ni espacio para nosotros; imagínese que en algunas casas viven hasta cuatro familias”, sostuvo una mujer que reside en esta vereda desde hace diez años. Algunos otros consideran que eso les serviría para que el Gobierno ponga sus ojos en ellos y por fin se acaben sus necesidades económicas.

“Qué bueno sería que eso nos traiga inversión, porque no más mire a los niños en el colegio, en un salón tienen estudiando tres cursos y un solo profesor para todos”, indicó otro habitante de la zona.

Camilo Torres Gil e Isaías Ardila Carvajal, presidente y vicepresidente de la junta veredal, llevan más de 40 años viviendo en esa localidad del Catatumbo. Según ellos, Angalia ha avanzado por la misma gente. Hace 40 años, don Isaías recordó que no tenían cómo desplazarse en transporte público.

“Para ir a Versalles nos tocaba ir a pie por un camino angosto y para ir a Tibú nos tocaba por el río Catatumbo; primero llegábamos a La Gabarra, que está como a tres horas, y de ahí bajábamos a pie o en carro hasta Tibú; nos tardábamos tres días en llegar hasta la cabecera municipal. Lo mejor de esa época es que éramos una zona productiva, había cacao, plátano, yuca, cerdos, ganado”, contó.

Hoy tienen una vía por donde se movilizan motos, carros, camiones y buses, pero de aquellos cultivos y animales queda muy poco. Ellos también han tenido que soportar en esta zona la violencia de la guerrilla y los paramilitares.

Y precisamente por esos desastres que dejaron los grupos armados ilegales y el abandono en el que han estado, hoy estos líderes comunales aseguran que la comunidad no ve con buenos ojos que el Gobierno esté pensando en tenerlos como una zona de concentración.

“Acá nadie nos ha dicho nada de eso, pero si de verdad están pensando hacerlo tienen que consultarnos primero. Nosotros hemos escuchado es que esa zona va a ser en Caño El Indio. Y de llegar a ser Angalia no estamos preparados para eso, no tenemos una red de servicios básicos completa, la economía de acá no es muy buena, no contamos ni con un centro de salud, acá quien se enferma tiene que ir a Orú o Tibú, imagínese que lleguen a traer a toda esa gente, dónde la van a meter”, manifestó Isaías Ardila.

Apoyo nacional

Tal vez sea por esa misma situación que hoy el Gobierno tiene trabajando a toda marcha a la dirección de gestión territorial de Prosperidad Social en esa población.

Hace unos días, varios representantes de ese despacho junto con el asesor Andrés Felipe Herreño Lopera, enviado directamente desde Presidencia, se reunieron por segunda vez con líderes y la comunidad en general para seguir escuchando sus inquietudes y llegar a un acuerdo para la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Luego de cuatro horas de diálogo, las dos partes firmaron un acuerdo de voluntades. Lo primero que esa oficina hará es enviar expertos para que hagan un estudio de suelo y así saber qué cultivos se pueden sembrar; así, buscarán ejecutar un programa con los campesinos para que puedan cambiar la hoja de coca por siembras legales.

Prosperidad Social también está comprometida con dotar el colegio, por eso el 26 de julio los funcionarios regresarán con pupitres, material didáctico, tableros, libros, kits deportivos, planta de sonido, fotocopiadora, dispensador de agua y computadores, entre otras cosas.

Además, Andrés Herreño sostuvo que las visitas serán más seguidas para seguir trabajando con la comunidad y resolverles sus necesidades, “como quedó estipulado en lo puntos del acuerdo con las Farc, que se firmaron en La Habana (Cuba)”, dijo.

Este despacho está trabajando también con los habitantes de Pacelli, Los Robles, Filo la Virgen, El Silencio y Puerto Las Palmas, que también se han unido al programa que están adelantando de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

“Estamos muy felices y sorprendidos porque la misma gente nos está llamando y diciendo que ya no quieren seguir con eso. Por lo tanto nosotros vamos a cada zona y los escuchamos y son ellos, los habitantes de esas poblaciones, los que nos dicen qué quieren y cómo harán la sustitución; a cambio de eso, el Gobierno comienza a mejorar su calidad de vida y les ayuda con proyectos sostenibles, la idea no es llegar con Fuerza Pública, es que ellos vean otras posibilidades de siembra que les ayuden a salir adelante”, indicó Herreño. Aunque entre los campesinos aún hay escepticismo, Prosperidad Social tiene la orden de que Angalia y Pacelli sean los primeros en este programa.

Cristian Herrera

cristian.herrera@laopinion.com.co

Periodista judicial e investigativo. Trabaja en Q'hubo y La Opinión

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