Amenazas contra un líder de Caño Indio y una cucuteña que labora con víctimas  avivaron las alarmas por el riesgo permanente que corren quienes se ocupan de la defensa de los derechos humanos.

En el primer caso, se trata de Gustavo Torres, integrante de la Asociación Caño Indio Productivo, organización campesina creada recientemente con 42 productores de la vereda que acoge a la Zona veredal transitoria de normalización, en la que habitan excombatientes de las Farc.

Hace apenas un par de semanas, el líder comunal recibió la segunda amenaza de muerte por la cual tuvo que huir de su territorio; la primera amenaza ocurrió el año anterior, poco después de haber sido elegido miembro de la junta comunal de Caño Indio, de la cual renunció a los tres meses, temiendo por su vida.

Para otros líderes de la zona la situación es inquietante, pues queda en duda la seguridad y protección de la que goza la zona en la que están los excombatientes y sus alrededores.

El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía y se espera que los organismos internacionales y de veeduría del proceso de paz acompañen el proceso de protección del líder.

Otro de los casos ocurrió en Bogotá, contra la cucuteña Mónica Duarte y 12 personas más que trabajan en la oenegé Viva la ciudadanía, una organización que trabajado por la democracia, la participación ciudadana y que ha hecho especial incidencia desde el inicio del proceso de paz.

Actualmente, la sicóloga de la Universidad de Pamplona y sus compañeros se ocupan de la pedagogía del acuerdo de La Habana y explican en diversos territorios las oportunidades que ofrece, como el fondo de tierras y las circunscripciones especiales de paz.

El grupo ya instauró una denuncia colectiva ante la Fiscalía, con copia a la Defensoría del pueblo y la Personería del distrito, pues el panfleto en el que fueron mencionados es firmado por las Águilas Negras.

En 2016 fueron asesinados cinco defensores de derechos humanos en Norte de Santander, cifra con la cual ocupó el cuarto lugar en homicidios de esta índole, precedido por Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Cauca.

Analizan situación nacional

La ONU sostiene que 127 activistas fueron asesinados en 2016, en territorios donde las Farc tuvieron presencia histórica, y responsabiliza de los crímenes a disidentes de esa guerrilla, posparamilitares, criminales comunes y al ELN. 

Según los analistas Frederic Massé y Carlos Alfonso Velásquez la violencia también puede provenir de bandas como el Clan del Golfo.

“Conocen técnicas armadas y tácticas, pero no tienen causa política, sino la lucha mediante la violencia”, explicó Velásquez. “Entonces para aparentar que tienen algo de política persiguen líderes sociales o los matan. Ese es el factor de más cuidado”. 

Massé advierte que el gran riesgo es el pacto de alianzas en las regiones remotas del país, para fortalecer las redes criminales.