Ni la contralora de Cúcuta, Blanca Cruz ni el presidente del Concejo, Jaime Marthey salían de su asombro ante las irregularidades e irrisorias respuestas dadas por la Alcaldía para recuperar la finca Los Caballos, ubicada en el corregimiento Buena Esperanza, un bien del municipio que desde 2015 no ha sido desalojada y lleva casi una década en manos de terceros.

“Estoy aterrada”, dijo la contralora, en la sesión del jueves del Concejo, cuyo fin fue conocer los avances en el proceso de desalojo del cual, casualmente, apareció un acto administrativo días después de que el Concejo citara al control político.

Según lo expuesto por la secretaría municipal de Gobierno, el corregidor Roso Ramírez debía notificar al ocupante irregular del predio de que el 18 de junio se haría el desalojo.

Sin embargo, relató Marthey, “con extrañeza escucho de parte de la oficina jurídica de la Alcaldía y de la secretaría de Gobierno que por falta de un camión no fueron a hacer el desalojo, y ahora argumentan 10 días de plazo para que finalmente se entregue el predio”.

Sumado a ello, el concejal anunció que compulsará copia de parte del acta a la Procuraduría y la Fiscalía por una presunta actuación irregular de un funcionario de la Personería, quien se negó a recibir la queja de la presidenta de asojuntas del corregimiento, María Victoria Carrero, e incluso le dijo que sería demandada por daños y perjuicios si seguía en el conflicto sin ser la dueña del predio de 16 hectáreas.

Ante este tipo de situaciones, la contralora indicó que solicitará copia del acta para actuar.

“Estoy muy preocupada”, reiteró. “Están dadas las pruebas y dado el detrimento”, y hasta mencionó que si jurídicamente existiera la categoría de detrimento agravado, este hecho estaría allí incluido.

“No entiendo al personal encargado de esto (en la Alcaldía), por qué no le ha prestado atención a todo lo que ha pasado”, comentó. “Yo recuerdo que en 2008, cuando estaba como concejala, se hizo un gran debate por esta misma finca, y nada sucedió”. 

Así mismo, advirtió al secretario de Gobierno, Óscar Gerardino “ponerse las pilas y olvidar lo de atrás, pero salvarse usted y salvar al alcalde”; de lo contrario, sería sancionado.

Ahora, se esperará que se cumpla el término hasta el 28 de junio, para que la Alcaldía emita un acto administrativo para recuperar el bien y determinar quién tomará las riendas del predio.

“La Contraloría tiene que tomar una decisión, primero de sancionar y segundo, con el proceso de responsabilidad fiscal, que es la última etapa que determina el detrimento”, dijo Cruz.

Más líos jurídicos

La contralora también hizo mención de los demás procesos jurídicos que afronta la administración, y manifestó sus dudas sobre la labor de la oficina jurídica de la Alcaldía, dado que los procesos parecen dejarse avanzar sin resolución oportuna, y cuando se resuelven “siempre pierde la administración”.

“Me tiene preocupada porque la dirección jurídica de la Alcaldía debe determinar si tiene el personal adecuado para proveer en este momento los cinco mil procesos que hay en contra del municipio, que están acarreando casi 50 mil millones de pesos”, dijo.

Al respecto, dijo estar de acuerdo con que el Concejo “llame a control interno a la dirección jurídica de la Alcaldía”, y señaló que esta es la oportunidad de que la dependencia defina si puede responder por los procesos.

“O la secretaría jurídica no tiene personal, o está fallando”, declaró, en vista de que las demandas podrían estar “consumiendo el municipio”.