Cómo equilibrar el ordenamiento territorial superficial con la explotación del subsuelo es una de las principales inquietudes de los mandatarios de la región, en especial de la zona del Catatumbo.

Víctor Julio Sánchez, concejal de Tibú, preguntó qué deben hacer los municipios para ordenar el territorio “si ya hay ubicadas algunas zonas para explotación minera, o para ampliación de monocultivos”:

“No estamos en contra de ello, sino que queremos que las decisiones se tomen con bases científicas y reguladas, para que la fauna y flora no se pierdan en el Catatumbo”, dijo. “Estamos preocupados, porque ya hay cuencas y nacientes que desaparecieron”.

José de Dios Toro, alcalde de El Tarra, coincidió con el concejal, al afirmar que “preocupa que podemos garantizar el futuro de nuestra población en lo superficial, pero se sale de nuestras manos el subsuelo”.

El mandatario aseguró que la meta del ordenamiento territorial debe ser la agricultura y promover la consolidación del Catatumbo como despensa alimentaria.

“Nosotros reconocemos la riqueza que hay debajo del suelo, pero no necesitamos explotarla, porque al hacerlo acabamos con la población”, manifestó. “Eso se sabe por otras experiencias, como la del Cerrejón”.

Aun así, la asociatividad de los pueblos del Catatumbo para coordinar su planificación, casi sin fronteras territoriales, les ha permitido promover la productividad agrícola y, de paso, ahorrar recursos con Asomunicipios.

“Cada municipio tiene sus características, pero nosotros trabajamos en bloque”, declaró. “Hoy en día, un esquema de ordenamiento con un consultor cobra hasta 400 millones de pesos a cada uno, y nosotros, con lo que hemos avanzado juntos debemos dar unos 30 o 40 millones de pesos, por municipio”.

Datos que preocupan

Infortunadamente, estos progresos en materia de asociatividad y planeación es más evidente con los 11 pueblos vinculados a Asomunicipios, pues el general, de los 40 municipios del departamento, el 90 por ciento no avanza en sus planes de ordenamiento territorial, según reveló la Contraloría del departamento. 

Silvano Serrano, titular del ente de control, resaltó que con el vencimiento en 2019 de los únicos cuatro planes de ordenamiento territorial vigentes, el departamento quedaría totalmente desactualizado y, si se dan más largas, los alcaldes incurrirían en una responsabilidad disciplinaria.

Por su parte, la secretaría departamental de Planeación da cuenta de solo 26 municipios que cumplieron con la primera fase de evaluación de sus planes, y los demás llevan un lento proceso.

“Nuestro principal temos es que improvisen, luego de que se les han facilitado las herramientas”, señaló Nancy Buitrago, funcionaria de la dependencia.

En este sentido, el contralor pidió que se solicite el acompañamiento de Corponor, el Icag y Gestión del Riesgo, y se evite a toda costa la contratación de consultorías.