Desde el sábado, los conductores que transitan por la autopista de Villa del Rosario deben hacerlo con cuidado: la Alcaldía y un operador privado empezaron a aplicar fotomultas a quienes sobrepasen los límites de velocidad.

Pero el sistema utilizado, un auto con una cámara, no es el acordado en un contrato de concesión por 30 años del que no habla ni su promotor, el exalcalde Carlos Socha.

Aunque la tecnología de las fotomultas es controvertida, como ha ocurrido en Bucaramanga, Ibagué o Barranquilla, lo que sorprende es que hasta el mismo alcalde, Pepe Ruiz, se opone a ella.

En principio, a Ruiz, los límites de velocidad le resultan bastante lentos: 60 kilómetros por hora como máximo en una autopista, y solo 30 en sectores como el de la Universidad de Pamplona.

Lo segundo es que el municipio quedó comprometido, según el contrato que Socha firmó con una empresa privada de Barranquilla.

Para Ruiz, las autoridades y los ciudadanos rosarienses, y hasta la empresa que ganó el contrato, terminan perdiendo, pues el sistema no es inaplicable a los autos venezolanos, que son mayoría.

La norma dice que las fotomultas deben ser notificadas en tres días, algo que, según el secretario de Tránsito, Sandro Duarte, no será posible con autos venezolanos que al cruzar la frontera cambian de
jurisdicción. Las dudas son sobre cuando y cómo cobrarles.

La manera de distribuir los ingresos a costa de quienes violen los límites de velocidad están afectando al erario del municipio, que pasó de recibir el ciento por ciento el valor de las multas al 20 por ciento: 80 por ciento de todas las multas quedará en manos privadas.

Según el director de la concesionaria San Simón, Carlos Villamizar, quien tiene concesionado el mantenimiento de esta autopista de 6 carrriles, diariamente por esta ruta transitan unos 12 mil carros, pero no se ha establecido cuántos son venezolanos.

El alcalde Ruiz, presume que al menos el 80 por ciento de todos los vehículos son de placas venezolanas.

Referente a que los límites de velocidad son demasiado lentos, Villamizar advirtió que esta norma siempre ha estado así, desde que San Simón se hizo cargo de la vía “lo que pasa es que la gente no se fija en los letreros, pero tenemos tramos donde se debe conducir máximo a 50 kilómetros por hora para evitar accidentes”.

Según el contrato, habrá dos medidores de velocidad con cámaras estáticas para detectar a los infractores. Las cámaras deberían estar em el sector del Divino Niño y en inmediaciones de la Universidad de Pamplona, pero no están.

Otra cámara será portada por los agentes de tránsito, y este punto de medición será movible.

Aunque La Opinión se comunicó con el exalcalde Carlos Socha, y de hecho logró contactarlo el sábado vía WhatsApp, dijo que respondería en la mañana. Sin embargo, hasta este domingo no ofreció una respuesta alguna.

“Yo no hubiera hecho un contrato a tanto tiempo y en esas condiciones”, dijo el alcalde Ruiz, quien indicó que además se entregó 75 por ciento de toda la operación de la secretaría de Tránsito a la empresa privada para que esta instale semáforos y cobre todas las fotomultas efectuadas.

Aunque la alcaldía anunció el inicio de la aplicación de las fotomultas, el operador aún no cumple con todos sus compromisos.

Contrato por 30 años

No solo para el nuevo alcalde, sino para la comunidad en general, resulta sospechoso que se haya firmado un contrato con un único proponente, sin que la comunidad lo supiera o que al menios se hubiera intentado hacerlo público.

El exalcalde Carlos Socha y el operador privado Tránsito de Villa del Rosario establecieron un contrato en el que la empresa privada aporta 5.000 millones de pesos para instalar una red semáforica, radares de velocidad y una nueva sede para Tránsito y, a cambio, la alcaldía se queda con apenas 25 por ciento de toda la operación.

Aunque apenas empezó la construcción de la nueva sede de Tránsito, cuyo equipamiento, según el contrato, puede durar dos años, el concesionario ya comenzó a impartir las fotomultas, sin que se desmuestre el resultado de dicha inversión.

El costo de la multa es el que está establecido en el Código de Tránsito y la norma no se aplicará a los ajutomovilistas  venezolanos.

*La Opinión