Entre enero y julio de 2018 hubo 51 violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Agresión contra la población civil del Catatumbo, sin responsables
Según datos de las tres Casas de Derechos del Catatumbo en 2018 aumentaron las agresiones contra la población civil, junto a la falta de capacidad de respuesta de las instituciones estatales, según un informe publicado por la revista Noche y Niebla, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
La publicación, que retoma los registros de esta propuesta liderada por el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) para velar por la protección de los derechos humanos en el territorio, da cuenta de 51 infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre enero y julio de 2018, con 62 personas afectadas.
Entre los hechos que más preocupan están los homicidios, con 28 denuncias recibidas, indica el reporte.
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Así mismo, señala que del total de casos denunciados en el primer semestre de 2018, el 58.8 por ciento no tiene responsables identificados, y se señala preliminarmente al ELN como el presunto responsable del 15.7 por ciento de las afectaciones, seguido por la fuerza pública, con un 9.8 por ciento de afectaciones, en tanto que del EPL se habla del 3.9 por ciento.
Aunque se trata de registros parciales, debido a que muchos de los afectados no denuncian, se concluye que la vulneración de derechos humanos parece no tener fin, y hay gran temor por la militarización del territorio, que incrementa los riesgos para la población civil, por la ocurrencia de enfrentamientos.
“Del total de los asesinatos que se han presentado en el departamento de Norte de Santander entre 2010 y 2018, 23 casos no tienen responsable identificado”, dice el texto. “Del total de actores armados que hacen presencia en la región, 4 hechos fueron responsabilidad de grupos armados ilegales con prácticas asociadas al paramilitarismo, 2 casos a la fuerza pública, igual porcentaje le corresponde al ELN y un caso al EPL”.
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La posible solución a las afectaciones debe incluir la consolidación de los procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, y los planes productivos para los campesinos.
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