Unos 300 venezolanos traídos de Boca de Grita, La Fría y Orope habrían participado en los desmanes del viernes durante una operación anticontrabando en Puerto Santander, que terminó en asonada.

Así lo reveló el alcalde, Henry Valero, quien señaló que los encapuchados habrían pasado por el puente internacional Unión, pero también hay registro de que un día antes de los violentos hechos transitaron por el río Grita, y se bajaron en los gaviones.

Según dijo, la situación le fue informada cuando “algunas fuentes me llamaron el día anterior a decir que habría una toma”.

Dijo que los líderes de la protesta tenían botellas de gasolina para atacar a la fuerza pública, y bombas molotov, gases lacrimógenos y armas de fuego. 

Así mismo, indicó que en el hospital solo se atienden a dos heridos de la semana pasada, mientras que los demás fueron llevados a Venezuela, lo cual comprobaría su versión. 

Valero dijo que las protestas serían motivadas por la anterior administración que “no encuentra cómo revocar el mandato”.

Señaló que la intención es decirle al Consejo Nacional Electoral que la gente “no quiere al alcalde, pero no es así”.

“Es lamentable que el exalcalde aparezca diciendo que mientras él estuvo esto nunca ocurrió”, comentó. “Obvio: no existía la ley anticontrabando”.

Debido a la inminencia de las operaciones anticontrabando, Valero pidió al Gobierno Nacional que “antes de combatir la ilegalidad, generemos empleo para las familias que tienen en esto (el contrabando) su única fuente de ingreso”.

Dijo además que en el censo más reciente da cuenta de 350 pimpineros, de los cuales 50 esperan luz verde a un proyecto de reconversión laboral, presentado en iNNpulsa.

“Antes de seguir implementando medidas de combatir la ilegalidad lleguemos con acciones de generación de empleo para las familias que tienen solo esta única fuente de sustento”, dijo Valero.

Habla la Defensoría

Por su parte, el defensor regional del Pueblo, Jorge Villamizar, declaró que luego de los enfrentamientos se recibieron quejas formales de civiles, por presuntos excesos de la fuerza pública.

Además, el ministerio público señaló que se tienen algunos videos que pondrían en evidencia la  posible destrucción de cámaras de seguridad, vehículos, y ataques a civiles por parte de uniformados.

El funcionario, además de lamentar la situación, señaló que el contrabando es controlado por grupos armados, quienes a su vez controlan la frontera.

Aseveró que en la región faltan políticas más serias de empleo, las cuales deben provenir del orden nacional para mitigar estos hechos.

Esta es la cuarta vez, en 17 meses del mandato de Valero, que dice ser víctima de asonadas.