Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), muestra lo complejo que ha sido implementar el acuerdo de paz en El Catatumbo, Norte de Santander, región que por años memorables ha sido uno de los lugares más cruentos respecto a la guerra.

El documento reveló que implementar el acuerdo en esa zona del país se ha convertido en un verdadero desafío, debido a que aún persisten serios problemas de violencia, seguridad, impacto humanitario y atención a las víctimas, entre otros, muchos de los cuales se han agudizado.

'Del Capitolio al Territorio' es un proyecto de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes implementado por la FIP que, a través de visitas regionales, ha venido haciendo seguimiento multipartidista a la implementación del Acuerdo. Con estas visitas se busca identificar, de primera mano, los avances y rezagos en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con temas claves para la implementación del Acuerdo de paz.

De acuerdo con el informe, durante este año se han realizado dos visitas virtuales al Catatumbo, Norte de Santander. La primera ocurrió los días 16 y 17 de abril, en los que algunos miembros de la Comisión de Paz escucharon a líderes comunitarios, víctimas, personas en proceso de reincorporación, autoridades locales y representantes de organizaciones internacionales y entidades con competencia en la implementación del Acuerdo de Paz. Luego, el 21 y 22 de julio, se hicieron encuentros virtuales de seguimiento en los que participaron líderes comunitarios y excombatientes.

Entre las principales percepciones, preocupaciones e inquietudes que halló la FIP, se destaca la seguridad territorial, esa misma, que a juicio de sus habitantes se ha recrudecido por la recomposición de varios grupos armados, debido a que el desarme y desmovilización de las estructuras de las FARC, que tenían influencia en la zona, generó un vacío de regulación que no fue llenado por el Estado de manera oportuna.

"Falta de confianza en la Fuerza Pública por su presunta cercanía con grupos armados ilegales y porque su despliegue ha sido reactivo e ineficaz, y no se ha acompañado de inversión social ni articulación con otras estrategias en el marco el Acuerdo de Paz", reposa en el documento.

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El informe también reveló que por la consolidación de los grupos armados ilegales en la región, se han aumentado las amenazas, el reclutamiento forzado y las afectaciones a civiles por explosiones de minas antipersona (MAP) y municiones sin explotar (MUSE). También ha aumentado el desplazamiento forzado, el confinamiento y las agresiones contra líderes sociales, especialmente los presidentes de Junta de Acción Comunal (JAC), y contra población migrante.

"El lanzamiento del Programa de Atención Oportuna (PAO) generó muchas expectativas frente a una mayor articulación institucional para una protección más eficaz. Pero todo se ha reducido a trámites y discusiones sobre los criterios para calificar la condición de liderazgo", dice el informe.

Respecto del desarrollo rural, la FIP dijo que entre algunos actores locales hay altas expectativas y optimismo frente a estrategias como la 'Hoja de Ruta' y 'Catatumbo Sostenible', por lo que esto puede representar en términos de transformación y generación de bienestar.

Sin embargo, otros actores locales manifestaron inconformidad y malestar por la falta de participación de la sociedad civil en estas mismas estrategias. Para ellos, carecen de legitimidad y es necesario fortalecer la socialización de sus resultados.

"Algunos actores locales alertan sobre los riesgos que implica el hecho de que la socialización de los resultados de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se delegue a los Grupos Motor, pues, según ellos, la visibilización de quienes los integran, dadas las condiciones de seguridad que enfrenta la región, pone en riesgo la integridad de los líderes sociales", argumentó el informe.

En cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, según el documento, para algunos líderes sociales hay una gran contradicción en la estrategia del Gobierno Nacional dado que, a su juicio, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), no funciona porque hay retrasos en los pagos y la asistencia técnica para los proyectos productivos.

Esta situación obliga a los campesinos a seguir sembrando coca, como medio de subsistencia pero, al tiempo, el gobierno privilegia la erradicación forzada, dejándolos sin alternativas de obtención de recursos.

Para la FIP, este incumplimiento por parte del Gobierno ha provocado un alto costo político para las organizaciones sociales en la subregión. Al haber sido partícipes de las campañas de pedagogía en torno al PNIS, contribuyeron a que se generaran altas expectativas que, ante las falencias del programa, terminaron traduciéndose en grandes frustraciones para las comunidades.

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Conforme a la reincorporación, el informe reveló que no hay garantías de seguridad, debido a que los excombatientes sienten que la defensa del Acuerdo de Paz los ha convertido en objetivo militar. "Los que han salido del ETCR de Caño Indio no han tenido acompañamiento de las autoridades, por lo que en muchos casos, han optado por invisibilizar su identidad, truncando así proyectos productivos, procesos organizativos y el trabajo con las comunidades".

De acuerdo con la Fundación, existe una tendencia hacia la formulación de proyectos individuales por la imposibilidad de presentar iniciativas productivas colectivas ante la falta de acceso a la tierra necesaria para ejecutarlas.

"La oferta de servicios del Estado en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) en la región es mucho más limitada comparándola con los servicios a los que acceden las personas en el Espacio Territorial de Caño Indio", relata el documento.

Respecto a la atención a las víctimas, la FIP reseñó que hay inconformidad por la "lentitud" con la que se han implementado las políticas de reparación integral a víctimas, y la situación se ha agudizado debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

"Preocupa que no se hayan aprobado las llamadas ‘Curules de Paz’ y las limitaciones que la pandemia ha implicado en la participación de las víctimas ante la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas. Hay preocupación por la atención y las garantías de no repetición de reclutamiento a niños, niñas y adolescentes, y la presencia de minas antipersona en el territorio", dice el documento.