Uno de los principales problemas que se ha agudizado en Norte de Santander  durante los últimos años es el narcotráfico y la disputa a sangre y fuego que mantienen los grupos armados ilegales por lograr el dominio de este negocio.

Aunque el Gobierno Nacional insiste en la erradicación forzada de cultivos ilícitos, en un hecho que sigue profundizando el debate con las comunidades de las zonas con mayor presencia de estas siembras ilegales, quienes insisten en la sustitución voluntaria, paralelamente se viene avanzando en esta última opción. 

De acuerdo con el más reciente reporte entregado por el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, durante los dos años del mandato del presidente Iván Duque se han erradicado voluntariamente 765 hectáreas de cultivos ilícitos.

El epicentro de estos avances son los municipios de Sardinata y Tibú, en los que se han invertido $14.496 millones por parte del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que surgió como una de las principales apuestas del acuerdo de paz suscrito con las Farc para poner fin a este flagelo.

Archila reveló que con la inversión hecha en la zona del Catatumbo desde agosto de 2018 a la fecha, se han podido atender a 2.988 de las familias vinculadas al programa, de las cuales 2.103 son cultivadoras, 233 no cultivadoras y 652 son recolectores en estos dos municipios.

“El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en Norte de Santander, en nuestro Catatumbo Sostenible, ha sido exitoso. Hemos hecho inversiones por casi $15.000 millones, acompañamos a casi 3.000 familias que pasan de cultivar coca a los cultivos lícitos y con estos trabajos hemos aportado a erradicar más de 765 hectáreas”, reiteró el funcionario.

El consejero presidencial destacó que la sustitución voluntaria es un componente clave dentro de la estrategia de ‘Ruta Futuro’ diseñada por la actual administración, para “la lucha integral contra el narcotráfico y las economías ilegales, que propician el delito y ponen en peligro la vida de las personas”. 

También reiteró que la Junta de Direccionamiento Estratégico, el Consejo Permanente de la Dirección, el Consejo Asesor Territorial CAT y en cada municipio, los Consejos Municipales de Planeación Participativa (CMPP), han sido escenarios de participación en la implementación del programa en Norte de Santander.

“El Gobierno Nacional impulsa en el país acciones complementarias de sustitución, como la estrategia Formalizar para Sustituir, en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y que busca brindar acceso y formalización de tierras en zonas con influencia de cultivos ilícitos.

Lo que dicen las comunidades

Contrario a lo dicho por el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, en el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta donde ha habido un incremento considerable de los cultivos ilícitos (24,1% más según el último informe de la UNODC), persiste el inconformismo  con la manera como se está adelantando el PNIS, pues a juicio de los campesinos, va a paso lento y sin garantías.

En junio pasado, justamente, cultivadores de la región se dieron cita en la Asamblea del Departamento para hablar del programa y coincidieron en que lo que se ha pedido desde siempre es un plan serio de sustitución voluntaria y condiciones para poder hacer el tránsito a los cultivos legales.

“Nuestra inquietud es que se implemente de verdad el programa PNIS, para que las comunidades puedan cambiar su modo de vivir y tener una nueva vida, cambiando de lo ilegal a lo legal. Nosotros los campesinos le hemos dado cumplimiento a los compromisos, pero el Gobierno siempre nos ha dejado a medias y por eso la gente vuelve y busca la coca”, planteó en ese entonces Tarcisio Pallares, presidente de la junta de la vereda el Guamo San Miguel, en Sardinata.

Insistió en que los proyectos productivos son los que van a ayudar a las familias a salir adelante y que los campesinos están dispuestos a escuchar y concertar propuestas en busca de las mejores soluciones, pero nunca por la fuerza, tras recordar los procesos de erradicación forzada que se retomaron en marzo.

La importancia del PNIS

Este programa es clave para honrar lo pactado hace cuatro años en el Acuerdo de Paz con la entonces guerrilla de las Farc, pues si bien es más lento que la fumigación o la erradicación forzada, a largo plazo es el más efectivo. 

Hasta el momento, a nivel nacional, se han vinculado 99.097 familias con acuerdos individuales, erradicando 41.513 hectáreas y el cumplimiento ha sido del 96%. Solo ha habido un 0,2% de resiembra en áreas erradicadas voluntariamente, mientras que mediante la estrategia de erradicación forzada la resiembra llega al 50 por ciento.

Esta es una de las iniciativas del acuerdo que mayor expectativa generó en el departamento, toda vez que hoy encabeza la lista de regiones con más área sembrada de coca en el país, por encima de Nariño.

Programa, en riesgo de desfinanciación

En un informe emitido por la Contraloría General de la República al Congreso, a mediados de agosto, se advirtió que hay un riesgo de sostenibilidad financiera del PNIS, pese a que se mantienen los compromisos con las familias inscritas.

El ente de control explicó que encontraron un desbalance en la ejecución de recursos para algunas de las necesidades más urgentes de la implementación, pues para este año es muy baja la asignación de los dineros orientados hacia la implementación del punto 4, que tiene que ver con la Solución al Problemas de las Drogas, apenas 2% del total. 

Esto podría acarrear un retraso mayor en el cumplimiento de los compromisos establecidos con las familias inscritas al programa y un riesgo más alto de resiembra de los cultivos ilícitos.

La semana anterior, el informe generó un debate en el Congreso, en el que 14 senadores de oposición e independientes le pusieron la lupa a lo presentado: “En el Trazador Presupuestal de Paz, en el proyecto de Presupuesto 2021, hay una reducción del 14 por ciento en los recursos necesarios para dar solución al problema de los cultivos de uso ilícito”, se detalla en el informe del Congreso.

A esto se suma el hecho de que, según el documento, el costo del programa de sustitución de cultivos ilícitos es de $4,8 billones y su asignación de recursos ha ido disminuyendo, pasando de $510.000 millones en 2017 a $191.000 millones en 2020.