Un total de 399 gramaloteros dejó de recibir subsidios mensuales de arriendo por un presunto listado remitido por la alcaldía, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), según el cual algunos ya tienen vivienda, otros recibían más de un beneficio por núcleo familiar, entre otras irregularidades.

Los afectados manifiestan que la información es equivocada y que ya hay varios gramaloteros que han sido obligados a salir de las casas en arriendo por falta de pago.

En su mayoría, están ubicados en los barrios Chapinero, Atalaya, La Libertad, Sevilla, Claret, Comuneros, Motilones, Los Patios, y hasta Villa del Rosario.

El grupo destacó que si bien se reconoce que hubo beneficiarios de un mismo núcleo familiar recibiendo subsidio, en ciertos casos también quedaron por fuera los jefes de hogar, quienes no fueron reseñados por la alcaldía para evitar perder los recursos.

Así lo dieron a conocer poco más de 20 manifestantes que, ayer, reclamaron la falta de gestión del alcalde Tarcisio Celis para frenar lo que catalogaron como atropello e incumplimiento de promesas hechas por el mismo presidente Juan Manuel Santos.

“El presidente dijo que hasta que no tuviéramos las llaves de nuestras casas en el nuevo Gramalote, no nos dejarían sin subsidio”, dijeron, recordando que en la anterior administración municipal en ningún momento se afectó este beneficio y se hizo cumplir la palabra del primer mandatario.

Los afectados también exigieron claridad sobre una resolución emitida por la Ungrd que define los criterios para la asignación de subsidios de arriendo en situaciones de calamidad pública o desastre y señalaron que si la decisión es que determinadas personas no reciban el subsidio, que se diga.

Grave señalamiento

Nubia Sandoval, habitante de Comuneros, y María Camila Valcárcel manifestaron que desde septiembre de 2016 no les pagan arriendo, “porque el alcalde dijo que teníamos propiedad en Chinácota y eso no es cierto”.

Sandoval le exigió al mandatario que explique el motivo de haber informado esta condición de propietaria, la cual es falsa.

“Si yo tuviera propiedad no estaría pagando arriendo en Cúcuta”, dijo por su parte Valcárcel. “Queremos que nos muestre la escritura”.

Ambas afectadas ya instauraron una denuncia ante la Procuraduría, con el fin de que el ente de control indague por esta presunta actuación del mandatario.

El alcalde respondió que, en este caso, “la Unidad ya reconoció que fue un error de ellos y ya me mandaron la información en la que le aclaran a la señora Sandoval que fue una equivocación de la Unidad”. 

Aseguró que los hallazgos y listados que terminaron con los subsidios para ciertos damnificados no provienen de información entregada por la alcaldía, sino que “la Unidad se entera por el cruce de información de las entidades”. 

“Nosotros ni sacamos ni metemos a nadie”, enfatizó, y dijo que los 399 casos están en estudio por parte de la Ungrd, entidad que según él decidirá quiénes seguirán siendo objeto del beneficio.

Sin embargo, la Ungrd respondió la solicitud de un gramalotero, el 6 de julio de este año, y señaló que el 5 de abril de 2017 el ente territorial debe aclarar las observaciones junto con cada damnificado, “para realizar el trámite respectivo al otorgamiento de apoyo económico” y agrega que es la alcaldía la encargada de transmitir la información a cada damnificado.