En el barrio Cerro Norte de Cúcuta se hizo una reparación colectiva a víctimas del conflicto.
$327.000 millones invertidos en indemnizaciones en la región
![Tres colectivos en Norte de Santander han finalizado su proceso de reparación en los dos últimos años de intervención de la Unidad para las Victimas. Cortesía](https://www2.laopinion.com.co/sites/default/files/styles/640x370/public/2020/06/20/imagen/victimas.jpg)
El cierre de tres sujetos de reparación colectiva en Norte de Santander como la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas del municipio de El Zulia (Amuci), la comunidad de Cerro Norte, y el pueblo gitano rrom residente en Cúcuta, ha sido uno de los logros más significativos de la Ley de Víctimas en los últimos dos años en la región.
La directora territorial de la entidad, Alicia María Rojas Pérez, destacó el avance en los distintos procesos misionales y que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los sobrevivientes del conflicto armado en Norte de Santander.
“Con las mujeres Campesinas e Indígenas de El Zulia (Amuci), implementamos medidas de rehabilitación y satisfacción con la adecuación de espacios de memoria; medidas de restitución como la recuperación del predio y la entrega de una nueva sede para el proyecto social y político de la organización e implementación de instalaciones porcícolas y planta de procesamiento de cárnicos que se encuentran en pleno funcionamiento y que generan ingresos a las mujeres que conforman la organización”, dijo Rojas.
Así mismo destacó que se implementaron programas y acciones que tuvieron una inversión que alcanzó los $1.600 millones.
En el barrio Cerro Norte de Cúcuta, donde se hizo una reparación colectiva, implementaron 13 medidas de reparación integral, entre ellas cuatro de garantías de no repetición contempladas en implementación de programas protectores para la reducción de impactos de la violencia, vigilancia comunitaria, acceso a la educación en el SENA y talleres con la Policía Nacional.
Además, explicó la funcionaria, se adoptaron tres medidas de satisfacción enfocadas al perdón público, reconocimiento conmemorativo y entrega de elementos.
Con el pueblo gitano, la funcionaria explicó que la indemnización administrativa por vía colectiva fue $234 millones, suma que se dividió en partes iguales entre las organizaciones que integran este sujeto de reparación colectiva.
La segunda medida se relacionó con el proceso de rehabilitación con el que se logró el reconocimiento de los saberes de la comunidad, la visibilidad de los dolores y sufrimiento de los miembros de las kumpañy, la identificación de las formas de resolución de los conflictos y las maneras de apoyo que gestionan las propias kumpañy.
En el Catatumbo
En los municipios PDET en la zona del Catatumbo se avanzó en la reconstrucción del tejido social con obras de infraestructura social, comunitaria y educativa por más de $2.000 millones, en el último año, por intermedio del programa Retornos y Reubicaciones y el Sistema de Prevención y Atención de Emergencias.
Actualmente, la Unidad para la Víctimas mantiene la asistencia técnica a los municipios que ultiman ajustes para la presentación de los planes de desarrollo territorial, donde las mesas de participación de las víctimas se han vinculado de forma adecuada.
De igual manera, la entidad ha brindado asistencia técnica a los municipios PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial): Tibú, El Carmen, El Tarra, Convención, Teorama, San Calixto, Sardinata y Hacarí, en formulación de proyectos.
Además, la entidad avanza en la aplicación de esquemas especiales de acompañamiento familiar con las víctimas colombianas retornadas de Venezuela, para fortalecer sus ideas de negocio y generación de fuentes de ingreso.
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