Ninguno de los 40 municipios de Norte de Santander, durante 2014, logró tener un promedio de 2 proponentes en los procesos de contratación adelantados bajo las modalidades vigentes en el país: licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos.

De hecho, en la gran mayoría, todos los procesos de contratación presentan, de manera preocupante, un solo proponente por convocatoria.

Así lo concluye la investigación ‘Análisis de la contratación estatal 2014’, realizada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI).

Esta realidad prende las alarmas sobre la posible corrupción o desgreño administrativo que atentan contra los recursos del Estado y que, al menos en el caso de Norte de Santander, es el común denominador para todos los municipios.

El análisis hecho por la Sociedad, en cabeza de su presidenta, Diana María Espinosa Bula, sostiene que este fenómeno puede explicarse en que la mayoría de las licitaciones que abren las gobernaciones y las alcaldías se hacen con pliegos tan complicados, dirigidos o, incluso, amañados, que apenas una o dos firmas de particulares pueden participar en la competencia.

A nivel nacional, la cantidad de dinero que refleja el estudio es significativa, pues el año pasado alcanzó los 15 billones de pesos, divididos en 9,4 billones contratados por los municipios y 5,6 billones por los departamentos.

La mayoría de recursos resultaron adjudicados por licitación pública (7,2 billones de municipios y 4,9 billones de gobernaciones), lejos de lo que se entregó por selección abreviada (1,7 billones en municipios y 0,4 billones en gobernaciones) y por concurso de méritos (0,5 billones en municipios y 0,3 billones en gobernaciones).

De ese total de dinero adjudicado bajo las tres modalidades de contratación posible para los entes territoriales, las cifras en Norte de Santander fueron las siguientes:

Bajo la modalidad de licitación pública, los 40 municipios de Norte de Santander contrataron el año pasado $177. 282.843.283. El promedio de proponentes fue de 1 por proceso licitatorio. Varios casos llaman la atención.

En Cúcuta, por ejemplo, de 19 licitaciones públicas analizadas por la SCI, 18 tuvieron un solo proponente y solo en un caso se presentaron 2. Bajo esta modalidad de contratación, la administración del alcalde Donamaris Ramírez Lobo adjudicó $35.040.781.853. Cinco de estas 19 licitaciones fueron adjudicadas a Jesús Enrique Vargas Rodríguez, a través de 4 uniones temporales y un consorcio, donde se asoció con otras personas. El valor de estos 5 contratos ascendió a $7.392.066.941.

Al consultar a la alcaldía sobre la poca participación de proponentes en los procesos licitatorios que su administración abrió durante el 2014, Clara Paola Aguilar, asesora jurídica indicó que las 19 licitaciones públicas que se abrieron el año pasado, fueron publicadas en la página web establecida para tal fin. Además, agregó que desde la administración se analizaron, en promedio, 72 posibles proponentes para cada proceso licitatorio, pero que no es responsabilidad de la Alcaldía de Cúcuta obligarlos a que participen.

“No podemos hacer nada si las personas o las empresas no quieren participar de estas licitaciones. Nuestra responsabilidad es que los pliegos de las mismas estén estructurados de tal manera que todos los que quieran, puedan participar”, indicó la funcionaria.

Aguilar sostuvo que la baja participación de proponentes también puede obedecer a que estos ‘no están a la vanguardia de las tecnologías’ y por ello no se enteran de las propuestas que la Alcaldía lanza en las páginas establecidas por el Gobierno nacional para tal fin.

Finalmente, la asesora jurídica puso como ejemplo para mostrar la poca participación de proponentes en la región, la subasta para el suministro de energía a Cúcuta, declarada desierta en múltiples oportunidades porque ningún proponente se presenta para participar. “Esta convocatoria es por más de $2.500 millones y a ninguna empresa pareciera interesarle y por eso toca declararla desierta”, puntualizó.  

En Los Patios, donde hubo 17 licitaciones públicas durante el 2014 y en todas solo se presentó un proponente, llama la atención que 6 de estas hayan sido ganadas por dos contratistas: Diego Fernando Corredor Ayala (3) y Omar Álvarez Albarracín (3). Las tres licitaciones ganadas por Corredor tuvieron un valor de $2.372.956.838 y las tres ganadas por Álvarez ascendieron a $3.964.720.289.  

Otro caso que llama la atención es el del municipio de Tibú. En las 14 licitaciones públicas que fueron analizadas por la SCI, en ninguna se presentaron 2 proponentes. Todas, sin excepción, tuvieron uno solo que, como es apenas obvio, fue el ganador. Bajo esta modalidad, la administración del municipio petrolero adjudicó $16.691.023.672.

Guillermo León Becerra, alcalde de Tibú, al ser consultado sobre este tema, indicó que solo se pronunciaría sobre la investigación aquí publicada si el responsable de la misma viajaba hasta su despacho a entrevistarlo.

En Villa del Rosario, donde el año pasado, por licitación pública se adjudicaron contratos por un valor de $17.118.089.770, en 16 casos hubo un solo proponente, y en dos casos más se presentaron 3 en uno y 2 en el otro. En este municipio llama la atención que 3 de las 19 licitaciones públicas fueron ganadas por Rubén Darío Belloso Ramírez. El valor de las tres licitaciones ganadas por Belloso asciende a $1.119.982.750. En dos de estas licitaciones se presentó a través de la Unión Temporal La Esperanza (contrato por $208.795.279) y Unión Temporal Senderos de Paz (contrato por $277.957.471). En la restante se presentó a nombre propio y el valor del contrato fue de $633.230.000.

En Hacarí, de las 5 licitaciones públicas lanzadas en el 2014, por un valor de $2.100.988.327, 4 de ellas fueron ganadas por Ever Leonardo Ramírez Arias. El valor de las 4 licitaciones ganadas por Ramírez ascendió a $1.820.988.327.

Finalmente, en Toledo, de los 6 procesos licitatorios lanzados por la administración de ese municipio, 3 fueron ganados por Nelson Mendoza Espinoza. Estos contratos tuvieron un valor de $1.742.901.825.

Cáchira, Pamplona, Ragonvalia, San Cayetano y Sardinata, tuvieron, en uno solo de sus procesos licitatorios, dos proponentes. En los demás municipios del departamento, todos los procesos de contratación, hechos bajo licitación pública, tuvieron un solo proponente que, a su vez, fue el ganador.

Bajo la modalidad de selección abreviada, los 40 municipios de Norte de Santander contrataron el año pasado $55.353.636.623. En todos ellos, el promedio de proponentes fue 1.

Finalmente, por concurso de méritos, los municipios de Norte de Santander contrataron en el 2014 $8.359.606.566. Una vez más, el promedio de proponentes fue de 1.

En la Gobernación pasa lo mismo

En la investigación hecha por la SCI, la gobernación de Norte de Santander también arrojó cifras preocupantes en sus procesos de contratación bajo las tres modalidades ya mencionadas, pues la poca participación de proponentes hizo que las convocatorias fueran ganadas por la única persona o empresa que se presentó.

Por licitación pública, la Gobernación contrató el año pasado $135.024.482.783, en 44 procesos licitatorios.

En 41 de estos procesos solo se presentó un proponente; en uno más se presentaron 3 y en los dos restantes participaron 2.

Bajo la modalidad de selección abreviada, la Gobernación contrató el año pasado $10.755.959.494.

Según lo analizado por la SCI en 52 procesos de contratación bajo esta modalidad, solo en 5 se presentó más de un proponente. Es decir, en 47 contratos hechos bajo esta forma, solo se presentó un proponente. En cuatro casos más se presentaron 2 y solo en uno hubo 3.  

Finalmente, por concurso de méritos se contrataron en la Gobernación durante el 2014 $9.852.238.568 a través de 26 convocatorias. En 24 de estos procesos solo se presentó un proponente y en los dos casos restantes, se presentaron 2. Ante este panorama, Cristian Buitrago, gobernador encargado, explicó que la realidad frente al proceso contractual del año 2014 obedece a un cambio de sistema en los procesos de evaluación de contratos del país, de conformidad con lo que ha establecido la nación a través de ‘Colombia Compra Eficiente’, órgano rector en materia de contratación para las entidades del Estado.

“En tal sentido, nosotros pasamos de un escenario donde, normalmente, a un proceso licitatorio podían llegarnos hasta 17 proponentes en el 2013, a tener un número mucho más reducido en el 2014, por la sencilla razón de que se estableció en Colombia lo que se conoce como el análisis del sector, que no es otra cosa más que unas variables que se le exigen a las entidades contratantes con el fin de que los proponentes cumplan con unos requisitos mucho más rigurosos en puntos como la experiencia, capacidad contractual, capacidad financiera, entre otros ítems”, indicó Buitrago.

Según el funcionario, es por esta razón que muchos de los proponentes, para poder participar de los procesos licitatorios, han tenido que asociarse a través de uniones temporales o consorcios para poder participar.

“Por eso, podemos decir que, si bien es cierto que en los procesos de licitación pública de la Gobernación durante el 2014 solo hubo un oferente, este agrupaba a múltiples personas en figuras como las ya mencionadas (unión temporal o consorcio)”, puntualizó.

Finalmente, Buitrago sostuvo que la baja participación de oferentes también ha obedecido a que estos han tenido que hacer una aplicación estricta de unos parámetros de contratación (K de contratación) que hacen que se vuelvan más selectivos en los procesos de participación, toda vez que su K de contratación se va disminuyendo a medida en que son oferentes en múltiples procesos o ya están cumpliendo con contratos con el Estado.

“Esto se hizo con el fin de evitar que un solo contratista, con una baja capacidad financiera, presentara ofertas en muchas instituciones del Estado o, peor aún, se le terminaran adjudicando contratos en diversos lugares a los que debía responder con una misma capacidad de financiamiento”.

Este diario intentó contactar a los contralores municipal y departamental para conocer qué actuaciones han adelantado sus despachos sobre este particular, pero no fue posible establecer comunicación con ellos.

Urge reglamentación por parte del Gobierno: presidenta SCI

La presidenta de la SCI, Diana María Espinosa Bula, cree que tras conocer estos resultados el Gobierno debe trazarse como objetivo un ajuste reglamentario para garantizar la transparencia en la adjudicación de los recursos, aunque advierte que el problema no está tanto en las leyes vigentes, sino en la gente que las aplica y que termina encontrando esguinces, especialmente a través de la elaboración de pliegos para las licitaciones.

“Se trata de eso, de la construcción de pliegos que terminan dirigidos para que participe una sola firma o dos y del uso de otros recursos, como cuando se hace selección abreviada, para la que se cumple el requisito de que haya multitud de empresas que dicen estar interesadas en participar (a veces hasta 60, entre las que la ley pide escoger una decena por una rifa), pero al final solo uno o dos de los elegidos entregan papeles; la explicación tiene que ser que ese listado inicial está confeccionado por bases de datos manejadas por terceros, con firmas que no existen, que son de partes lejanas del país o, incluso, que son sumadas al proceso sin que ellas lo sepan”.

Espinosa agregó que el principio mal entendido y mal manejado de la autonomía territorial está generando una situación muy grave en la contratación pública. “No de otra manera se explica que con las mismas normas, haya sitios en que todo opera muy bien. Ahí está el caso de Manizales, en donde el promedio de licitantes es de 78 y sube a más de cien si solo miramos obras civiles, o el de Nariño, donde el promedio es de 48 en algunos casos”.

Finalmente, la Sociedad de Ingenieros cree que la solución puede estar en tomar más acciones desde el Gobierno Nacional, como obligar a usar pliegos unificados cuando se entregan recursos para obras similares o plantear la creación de un ministerio de infraestructura, con entidades descentralizadas a través de las cuales se gestionen buena parte de los recursos.

“La mejor prueba de esa necesidad son las tareas que se le asignaron a la Vicepresidencia de la República en este periodo de gobierno; desde allí se están coordinando trabajos de infraestructura de tres ministerios, eso debemos unificarlo en una cartera, que hoy es una necesidad para la ingeniería colombiana”.

Tentáculos de corrupción permean la contratación: CCI

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), a través de su presidente Juan Martín Caicedo Ferrer, también lanzó una alerta sobre el fenómeno detectado por la SCI: “Si bien es cierto que los tentáculos de la corrupción parecen ensañarse por estos días con la rama judicial, sus alcances se perciben de igual manera al revisar la contratación de obra pública en las regiones, pues el 65% de los procesos licitatorios abiertos en los municipios del país durante 2014 terminaron favoreciendo una única oferta”.

Para Caicedo, esto significa que existe “un proceder sistemático en algunas entidades territoriales, que se han dedicado a confeccionar las condiciones de los contratos a la medida de intereses particulares. Esta es una mafia que se enquistó en el territorio nacional”.

El dirigente asegura que la única manera de frenar ese flagelo es implementando pliegos ‘Tipo’, un mecanismo que unifique las reglas del juego a la hora de contratar.

En el fondo de todo, coinciden la ingeniera Espinosa y Caicedo, está la componenda entre contratación y política, que genera el círculo vicioso de particulares que patrocinan costosas campañas políticas, con la promesa del candidato de que una vez elegido retribuirá ese apoyo a través de contratos públicos.